Con un centenar de imputados, más de 40.000 folios de diligencias, una veintena de piezas separadas y cuatro años de investigaciones, el caso Brugal no sólo es el mayor sumario por corrupción de la provincia, sino también una de las investigaciones más complejas. Los magistrados de la provincia no son ajenos a este tipo de macrocausas cuyo volumen sup0ne condenar al atasco al juzgado sobre el que recaigan estas investigaciones. Grandes bandas de narcotraficantes, estafas inmobiliarias, fraudes con tarjeta a gran escala, grupos de asaltos a viviendas o redes de prostitución son las principales materias que componen estos macroprocesos, a los que ahora hay que ir añadiendo las laboriosas investigaciones por presunta corrupción política. La complejidad no sólo llega durante la fase de investigación. Uno de los mayores retos que se les presenta a los tribunales de Justicia es luego poder sentar a todos los implicados en el banquillo para juzgarles al mismo tiempo.

Una misión que a veces se antoja como imposible. Dos de cada cuatro macrojuicios que se señalan en la Audiencia de Alicante tiene que suspenderse. Cuando no falta un acusado, son los testigos los ausentes; o bien un abogado se ha puesto enfermo, o el agente que coordinó la investigación se encuentra de vacaciones. Siempre hay un motivo que provoca la suspensión de la vista, en una provincia donde las previsiones apuntan a que la Audiencia de Alicante alcance el próximo 2012 la escalofriante cifra un centenar de asuntos considerados como "de especial complejidad".

Entre los grandes juicios de la Audiencia que más repercusión han tenido destacan el del motín de Fontcalent, Ardystil, o el juicio al exalcalde de Pego Carlos Pascual por delito ecológico por los daños causados en el marjal de Pego.

El último ejemplo de lo que cuesta poder llevar a buen término estas causas se ha producido esta misma semana en la Audiencia. Todo estaba listo para sentar en el banquillo a Vlad Costel, "el padrino rumano", considerado el presunto cerebro de una de las mayores redes de prostitución desmantelada en la provincia en marzo de 2003. Costel tiene abiertas dos causas en la misma sala que suman más de 64 acusados, una de ellas por seguir dirigiendo la organización desde la cárcel llegando a encargar secuestros y asesinatos. Hasta ahora, ambos asuntos no habían podido enjuiciarse porque cada vez que llegaba la hora de sentarlos en el banquillo, faltaba alguno de los acusados. Entre ellos, el propio Costel, que acaba de ser extraditado desde Rumanía juzgarle. Los trámites burocráticos para juzgar al resto de la banda por separado obligaban a la suspensión.

También hasta en dos ocasiones ha intentado sin éxito la Audiencia sentar en el banquillo a los acusados de una macroestafa en la venta de apartamientos de multipropiedad en Dénia con 139 afectados y que data del año 2000. La mayoría de de estas víctimas habían venido expresamente desde Francia para testificar en el proceso. La sala optó por tomarles declaración anticipadamente para que no tuvieran que volver a España.

Muchos de estos macroprocesos ya llevan un retraso acumulado durante la instrucción, por lo que llueve sobre mojado. En octubre del año próximo, la Audiencia sentará en el banquillo a 19 acusados de una red de fraude con tarjetas de crédito de hace 12 años en Benidorm. Las cantidades defraudadas figuran en el sumario en pesetas, dada la antigüedad del caso.

Otro tanto ocurre en los sumarios de corrupción. El juicio al exalcalde de Vall de Laguart Juan José Puchol lleva dos años de suspensiones y los hechos juzgados se remontan a 1995. También el presunto desfalco de Mercalicante está empantanado, pendiente de varios recursos a pesar de que en junio ya se tenía que haber enviado a un juzgado de lo Penal.

Las demoras van creciendo como una gran bola de nieve, ya que hay salas que tienen la agenda llena hasta mediados de 2013. Una suspensión hoy puede provocar una espera muy larga en fijar otra fecha. El fiscal jefe de Alicante, Juan Carlos López Coig, reconoció que se trata de un problema tanto de medios como de reformas legales que hagan más ágil la tramitación de estas causas. Entre esta agilidad se encuentra el dar facilidades para que se pueda jugar por separado a los miembros de las bandas que sí están localizados y en disposición de sentarse en el banquillo.

"Son juicios con muchos acusados y es muy difícil sentarles en el banquillo a todos. Siempre hay alguna incidencia. Para velar por sus garantías, es necesario que todos sean juzgados a la vez", explicó el presidente de la Audiencia, Vicente Magro. Ante el incremento de este número de asuntos complejos, la Audiencia optó hace cinco años por crear un turno especial para la celebración de estos procesos con el objetivo de que se repartieran entre las distintas salas.

A esto se une el hecho de que la Audiencia ni siquiera tiene una sala adecuada para celebrar algunos de estos macroprocesos, motivo por el que el tribunal debe desplazarse al salón de actos de los juzgados de Pardo Jimeno para celebrar la vista, justo en el otro extremo de la ciudad.

Por lo general, los casos más graves no suelen tener una antigüedad mayor de cuatro años. Pasado ese plazo, los acusados deben salir en libertad en el caso en el que no hayan sido juzgados. Por ello, para los tribunales la organización de estos procesos es una carrera contrarreloj para evitar una excarcelación de delincuentes peligrosos por retrasos en la celebración del juicio. En caso de que los acusados ya se encuentren en libertad, la tramitación de ese procedimiento puede eternizarse.

El decano electo del Colegio de Abogados de Alicante, Fernando Candela, asegura que tanto la reforma de la Oficina Judicial, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal son la clave para desbloquear esta situación. El abogado, Miguel Ángel Garijo, que también ha intervenido como defensa en macrojuicios considera que "la complejidad de un juicio no debe ser una excusa para que se recorten los derechos de los acusados". Otros letrados sostienen que en la Audiencia Nacional se celebran a diario juicios muchos más complejos que los de aquí, por lo que parte de la solución es una mejor formación de los funcionarios.

El fallido intento de crear una sala especial

La Audiencia estrenó una nueva sección hace casi un año. La pretensión del presidente de la Audiencia, Vicente Magro, fue convertirla en una sala especializada en celebrar este tipo de macroprocesos. Trabajo no le iba a faltar, al tiempo que permitiría liberar al resto de las salas de trabajo, para sacar adelante los juicios normales. Sin embargo, la propuesta acabó retirándose debido a las reticencias que en el Tribunal Superior de Justicia y en el Consejo General del Poder Judicial. Concentrar todas las causas de crimen organizado en una sola sección, podía suponer una bomba de relojería en caso de que esta sala se colapsara, ya que se corría el riesgo de que todos los presos peligrosos encarcelados por causas de crimen organizada tuvieran que quedar libres por retrasos en el juicio. J. A. M.

La incidencia de los casos de narcotráfico

Los juzgados de la provincia tramitan una media de un millar de asuntos al año por tráfico de drogas. De ellos, medio centenar se corresponden a grandes operaciones contra el narcotráfico. Las cifras de acusados en algunos de estos procedimientos pueden llegar a los 25. Desde la Fiscalía Antidroga se reconoce que es prácticamente imposible que uno de estos procesos llegue a celebrarse a la primera. "Algunos tienen abogados de Madrid y es muy difícil encontrar fechas que no coinciden con otro proceso señalado ese mismo en la Audiencia Nacional", explicaron las mismas fuentes. Desde que se suspende un juicio por drogas, suele tardar unos tres meses en volver a señalarse. Si los presos están en libertad, las esperas son más largas. J. A. M.

Doblete en el proceso del motín de Fontcalent

Si la Audiencia ya tiene dificultades en señalar los macrojuicios, rizar el rizo es cuando alguno de ellos debe celebrarse por segunda vez. El Tribunal Supremo ya obligó en 2005 a repetir el juicio por el motín de Fontcalent de 1990 por usar la videoconferencia para que los acusados declararan desde prisión evitando problemas de seguridad. Los magistrados entendieron que se vulneraron los derechos de los acusados. El nuevo juicio se prolongó durante un mes. Ahora la Audiencia va a tener que repetir otro macrojuicio por resolución del Tribunal Supremo: el de la estafa de Ediparque en los años 90, con cerca de 62 afectados que van a tener que volver a testificar. Los magistrados entendieron que dos de los jueces que intervinieron en el juicio tendrían que haber sido recusados. J. A. M.