La gerente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), María José Mira, ha calculado que más de 5.000 alicantinos en situación de dependencia podrían quedarse sin atención profesional socio-sanitaria, a causa del cierre de las empresas que prestan estos servicios en la provincia por los impagos de la Administración Pública con el sector, según ha informado en un comunicado este colectivo.
La representante de la patronal autonómica de la Dependencia ha explicado que la situación de las empresas es "crítica" ante los continuos retrasos en los pagos por parte de la Generalitat Valenciana y los consistorios municipales, que ya ha generado una deuda de 75 millones de euros que soportan las empresas y los trabajadores de estos centros
En la provincia de Alicante, los 36 centros vinculados a la patronal y las empresas que prestan Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD) soportan alrededor de unos 25 millones de euros del total de la deuda autonomía. Además, "el mayor problema" de esta situación, es que no hay un calendario de pago ni una garantía de que "este agujero no se hará mayor en los próximos meses".
En este sentido, desde la patronal se ha advertido que hay muchas empresas que ya no pueden pagar los sueldos ni la Seguridad Social, o que han tenido que empezar a pagar sólo la mitad de las nóminas a los trabajadores, ante la necesidad de mantener en activo las instalaciones y los servicios a los dependientes que asisten.
De lo contrario, éstos "quedarían abandonados y perderían un derecho adquirido por ley como consecuencia de la inoperancia de la Administración Pública", han advertido las mismas fuentes.
La gerente de Aerte, junto con los representantes de los familiares y trabajadores, ha reclamado la atención especial sobre los centros que atienden a enfermos mentales y discapacitados en la Comunidad Valenciana, que se encuentran en "riesgo inminente" de cierre.
La suspensión de este servicio, dejaría a un millar de personas afectadas con enfermedades mentales y con discapacidad en la calle antes de Navidad. Concretamente, la deuda con los centros que atienden a este colectivo se cifra en cerca de 13 millones de euros, con partidas sin abonar desde 2007.
"SITUACIÓN REAL" DE LOS DEPENDIENTES
La concentración celebrada este jueves en el Centro Geriátrico La Morenica de Villena (Alicante) es la cuarta consecutiva en la Comunidad Valenciana. Este acto forma parte de los paros patronales convocados por la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), iniciados el pasado 3 de noviembre, que pretenden trasladar a la sociedad la "situación real" de los dependientes en España, con los que la Administración tiene una deuda global de casi 1.300 millones de euros.
En este acto, María José Mira ha leído un manifiesto en el que ha recordado que, en la actualidad, más de 6.000 familias en la provincia de Alicante tienen una persona en situación de dependencia, y ha cifrado en 36 centros y cerca de 3.000 el número de trabajadores del sector vinculados a la patronal, que, según ha subrayado, "están realizando una labor social indispensable, y que no han dejado de realizarla a pesar de la cuantiosa deuda por parte de la Generalitat".
"Si estos centros y empresas quiebran, quiebra también el sistema de atención socio-sanitaria, el Estado del Bienestar, la atención y rehabilitación a personas con trastornos mentales graves que necesitan esa atención y servicios: quiebra, en definitiva, el derecho a disfrutar de los mismos derechos básicos que otro ciudadano", ha lamentado.
"Si las palabras no se convierten en hechos, el sector socio-sanitario entrará en una situación crítica que provocaría el cierre de 200 empresas, así como la pérdida de 13.000 puestos de trabajo y, lo que es más grave, que cerca de 25.000 familias, con uno o varios dependientes atendidos en esta red, perderían su derecho legal a la atención por su dependencia".
"Reivindicamos por ello el pago de la deuda, por nuestros familiares y amigos, y también por aquellos que no tienen voz propia: las 3.000 personas con enfermedad mental tuteladas por la propia Generalitat, ingresados en nuestros centros, y a los que no se ha abonado nada este año y que cuentan con deuda de algunas partidas desde 2007".
"Queremos que la sociedad entienda y sepa que, si empiezan los cierres de Centros, las personas con enfermedad mental o discapacidad son los primeros de la lista, y que, mientras otros disfrutan de las fiestas navideñas, los afectados estarán en la calle, desatendidos, abandonados, con menos derechos sociales, como consecuencia de la despreocupación de nuestros gobernantes", han advertido.
