La primera visita de Sonia Castedo a la tribuna de las Cortes no será plato de buen gusto. No será para reclamar un proyecto a desarrollar en Alicante. Ni para reivindicar una inversión pendiente. Ni para preguntar a Alberto Fabra o al conseller de turno sobre los centros de salud o los colegios que faltan por construir. Al contrario. La alcaldesa tendrá que emplearse a fondo para defender la legalidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante y justificar, tal y como ella sostiene, que no hubo corrupción en el desarrollo del planeamiento urbanístico de la capital, envuelto en las sospechas a raíz del sumario vinculado a la operación Brugal que investiga el presunto trato de favor al empresario Enrique Ortiz en la tramitación del documento y en el que están involucrados, entre otros, la propia primera edil y su antecesor Luis Díaz Alperi, que seguirá el debate desde el escaño que también conserva en las Cortes Valencianas.

El PP empuja, de esta manera, a la alcaldesa a la tribuna del hemiciclo autonómico para justificar el veto a una iniciativa del grupo de diputados de Compromís en la que se solicita la creación de una comisión de investigación parlamentaria para revisar el documento urbanístico de la capital. La decisión de encomendar a Castedo el turno en contra a la propuesta -los populares impondrán su mayoría absoluta para rechazarla- estaba sobre la mesa de su grupo parlamentario popular desde hace días. Pero buscar una salida que protegiera a Castedo era muy complicado. Si la cúpula del PP no proponía a la alcaldesa para subir a la tribuna de oradores, malo. Y si la propia Castedo optaba por atrincherarse en el escaño, peor. Así que, finalmente, los populares optaron por hacer la propuesta y la alcaldesa de Alicante cogió el guante para, siete meses después de tomar posesión en el hemiciclo autonómico, estrenarse en la tribuna parlamentaria cona una cuestión muy espinosa. A día de hoy, continúa abierta la investigación y se está a la espera de la decisión que tome el juez sobre posibles imputaciones. En el caso de que en la lista haya aforados -bien Castedo bien Alperi-, la instrucción seguiría en el TSJ de la Comunidad.

No tendrá un debut sencillo. Ni mucho menos. Tendrá enfrente, en el turno a favor de la propuesta, a Mireia Mollá, diputada de Compromís por Alicante. La parlamentaria se encuentra, en estos momentos, a la expectativa de la decisión de un magistrado que ha decidido sentarla en el banquillo -la vista está fijada para el 2 de febrero- después de que vinculara a Enrique Ortiz con la corrupción. Precisamente, la silueta del empresario alicantino es una figura clave en la investigación sobre el presunto amaño del PGOU de Alicante. En los turnos para fijar la posición del resto de grupos políticos, intervendrán el socialista Javier Macho, esposo de Elena Martín, actual portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante; y, en nombre de EU, la diputada alicantina Esther López Barceló. Por otra parte, en la comisión de Obras Públicas celebrada ayer quedó sobre la mesa una propuesta, presentada también por Compromís, para paralizar el trámite del PGOU de Alicante.

Fabra se despide del parlamento hasta el mes de febrero

Hoy arranca en las Cortes, el último pleno ordinario antes de las vacaciones parlamentarias de Navidad. Eso significa que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, afrontará su última sesión de control -el cara a cara con los síndics de la oposición- y se despedirá, de esta manera, del hemiciclo hasta el próximo mes de febrero. Durante diciembre, de hecho, está previsto que los grupos finalicen la tramitación del presupuesto de la Generalitat para 2012. Arrancarán con el debate de las enmiendas parciales en comisión y continuarán con el articulado en el pleno. La próxima semana, finalmente, la actividad seguirá pese al puente. PP, PSPV y EU habían pactado descansar pero la negativa de Compromís obligará a celebrar un pleno el día 9. P. r. f.