La creación de una decena de parques naturales en Alicante, previstos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se convirtió para empresarios de la ciudad, entre ellos Enrique Ortiz, en una oportunidad de negocio, según se desprende de la documentación aportada en el sumario sobre las presuntas irregularidades en la confección del plan que investiga un juez de Alicante como pieza separada del caso Brugal. Un asunto en el que políticos y empresarios aparecen implicados en una supuesta trama de corrupción. Según el informe policial elaborado sobre los documentos intervenidos en el despacho de abogados Salvetti -cuyos socios son el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y el exedil socialista Javier Gutiérrez- el bufete gestionó intereses urbanísticos vinculados a la adquisición de suelo en zonas que, con el Plan General, pasarán a convertirse en parques naturales. El documento contempla que los propietarios de este suelo sean compensados con terrenos urbanizables en zonas de nueva creación. Los trabajos desde Salvetti pasaron, según el citado informe, desde la búsqueda de suelo "barato" para ser adquirido por Ortiz hasta la elaboración de alegaciones para aumentar las compensaciones a cambio de la cesión al Ayuntamiento de estas superficies protegidas. El informe policial apunta a que pudo existir información privilegiada utilizada a través de este despacho, gracias a las relaciones y contactos que atesoraban sus socios.
El Plan General, pendiente de aprobar por la Conselleria de Urbanismo, prevé la creación de once parques naturales en Alicante sobre más de 14 millones de metros cuadrados. El documento permite que cada metro cedido al municipio sea compensado con suelo urbanizable en otras áreas de la ciudad. Según los investigadores, los letrados Gutiérrez y Castedo le comunicaron al empresario Enrique Ortiz el coeficiente de compensación exacto "con mucha anterioridad" a la exposición del documento en las operaciones para comprar este suelo protegido. El informe policial que se ha conocido esta semana ha desvelado también que los mismos abogados resolvían alegaciones al Plan General a la vez que representaban a otros particulares que contrataron sus servicios para cambiar determinados puntos del planeamiento urbanístico. Los agentes estiman que el despacho pudo obtener cerca de un millón de euros de ingresos por trabajos referidos al Plan General. A continuación, se detallan los parques naturales de la ciudad donde, según el sumario sobre el caso, intervino el bufete.
FONTCALENT
Adquisiciones de suelo para Ortiz y alegaciones a Bancaja
La adquisición de suelo en Fontcalent con vistas a su recalificación en el Plan General de Alicante fue uno de los motivos por los que el empresario Enrique Ortiz y Bancaja contrataron los servicios del despacho de abogados de Javier Gutiérrez y José Luis Castedo. Según la documentación que incluye el sumario, el empresario iba tras la compra de más de 700.000 metros cuadrados en Fontcalent con vistas a obtener aprovechamientos en el plan Torres de las Huertas. La Policía interceptó una conversación entre Ortiz y Gutiérrez el 7 de julio de 2008 en la que el empresario da datos precisos al abogado: "Mira a ver si consigues que alguien me venda barato por ahí un suelo y lo ponemos".
Las investigaciones policiales estiman que en este periodo Ortiz ya dispone de una copia del plano del Plan General, cuando aún éste no ha salido a exposición pública. Según el sumario, el abogado le facilitó las identidades de esos propietarios.
El despacho Salvetti facturó al grupo Ortiz 90.480 euros con posibilidad de cobrar otros 69.480 euros más. La Policía atribuye los pagos a estos trabajos de mediación, en la que curiosamente es la primera factura emitida por el despacho.
El empresario, que tenía intereses con José Cortina -exdirectivo de Bancaja- a través de la firma Deproinmed, le consulta a Gutiérrez sobre la viabilidad de que las compensaciones de suelo en Fontcalent sean en la zona a urbanizar en Torres de la Huerta.
Posteriormente y una vez hecho público el PGOU, desde este despacho se tramitaron alegaciones para Bancaja y Edificaciones Calpe para aumentar la superficie de suelo urbanizable con carácter terciario, destinado a uso comercial y turístico, en la zona de Fontcalent, según el informe policial. En esta línea, los abogados percibieron 250.000 euros de una mercantil vinculada a la caja, así como se facturaron otros 232.000 euros a Edificaciones Calpe. Las parcelas de ambas mercantiles estaban la una al lado de la otra y ambas se beneficiaban del cambio.
AGUA AMARGA
A la caza de suelo protegido en la zona de los saladares
El informe policial dedica un amplio espacio a analizar el papel del despacho de Gutiérrez y Castedo en las negociaciones para el convenio de permuta de suelo en Agua Amarga, al sur de Alicante. Uno de estos terrenos de cerca de dos millones de metros cuadrados era propiedad de Kelme. El Ayuntamiento buscaba crear un gran parque natural en la entrada sur de Alicante, adquiriendo ese suelo y compensando a los propietarios con más edificabilidad en esas zonas. El informe refleja que tanto Gutiérrez como Castedo elaboraron los distintos borradores de convenio y que de la firma de este acuerdo lograban no sólo sus honorarios, sino que también saldrían beneficiados con un porcentaje del aprovechamiento urbanístico. El sumario refleja que tanto Ortiz como la CAM y Bancaja estuvieron interesados en la operación a fin de obtener más edificabilidad en Torres de la Huerta.
EL PORTELL
Reclamación para una sociedad vinculada a Antonio Solana
El despacho de abogados tramitó también alegaciones para una empresa vinculada a Antonio Solana, expresidente del Alicante y amigo del exalcalde Luis Díaz Alperi, para cambiar la calificación de dos fincas en El Portell, otra de las zonas de especial protección del PGOU. El despacho percibió 9.416 euros.
TABARCA
Aumentar aprovechamientos por parcelas de 246.000 m2
El despacho tramitó una alegación para duplicar el coeficiente por aprovechamiento de suelo en Tabarca. Las parcelas tenían una extensión de 246.000 metros cuadrados y obtuvieron la compensación más alta. Por estos trabajos percibieron cerca de 170.000 euros. La Policía vincula esta operación a la mercantil Fincorp, que ya trabajó con el despacho en el convenio de Agua Amarga.
