La hoja de ruta elaborada por la Generalitat para intentar reflotar a la Comunidad Valenciana de la crisis económica e impulsar un frente común en la defensa de los intereses de la autonomía daba ayer sus primeros pasos sin demasiada contundencia. El documento puesto sobre la mesa por la vicepresidenta del Consell, Paula Sánchez de León, a los representantes de la oposición abría las negociaciones de un decálogo de acuerdos en parcelas como el empleo, las infraestructuras o la educación con una clara invitación al debate político pero sin concreción en las actuaciones ni en el apartado de dotaciones económicas.

Lejos de limar asperezas en esta búsqueda de consensos, el encuentro se saldó con el mutismo de los socialistas y las críticas de Esquerra Unida y la coalición Compromís, que acusaron al Consell de plantear un "más de lo mismo carente de credibilidad". Una reacción que, en el caso de los representantes de esta última formación, se acompañó del abandono de la reunión antes de que finalizara. Con este escenario, Sánchez de León capeó un encuentro que se prolongó durante más de una hora y media, en el que se abordaron cuestiones como la creación en las Cortes Valencianas de diferentes comisiones de estudios, entre otras, en áreas como la financiación "justa" que requiere la Comunidad, la búsqueda de fórmulas de "colaboración público-privadas para reforzar la sostenibilidad" del sistema sanitario o el impulso a una comisión técnica para activar el Plan Integral de Residuos (PIR) que, según recoge el decálogo, servirá para acabar con el punto muerto en el que se encuentra esta parcela en la actualidad y "mejorar la gestión finalizando las plantas proyectadas en los planes zonales".

Excepto el visto bueno concedido por el representante del PP, Rafael Blasco, quien incidió en la "relevancia" de este gesto, el resto de valoraciones se asentaron en el calificativo de "documento de meras intenciones". Unas impresiones que encontraron acomodo en puntos como la "propuesta de reforma de la legislación urbanística y territorial" o el paso de puntillas que el decálogo realiza en materia hídrica, en la que la Generalitat ha apostado por no levantar ampollas citando el trasvase del Ebro, a favor de "la recuperación de los trabajos del Plan Hidrológico Nacional del 2011, con modificaciones que permitan alcanzar el consenso entre administraciones y sectores implicados", según el escrito.

Bajo estas premisas, los representantes de las formaciones volverán a compartir mesa el próximo lunes para intercambiar opiniones e intentar acercar posturas. Una fase que se presenta complicada ante las reivindicaciones de "mayor concreción" en las propuestas exigidas por la oposición y que dificultan la intención de la Generalitat de afianzar acuerdos antes de abordar el debate en las Cortes, paso necesario para alcanzar una tramitación "más rápida y eficaz", como ya advirtiera la vicepresidenta de a Generalitat. Por otra parte, dejó claro que no entregarán los contratos menores con empresas de la trama Gürtel, reclamados por Compromís. El TSJCV dio la razón a la coalición pero luego el Consell del expresidente Francisco Camps recurrió al Supremo. "Los recursos son derechos que tienen las partes", expresó Sánchez de León.