La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó ha comenzado ya a trabajar en la estrategia que seguirán regantes y ayuntamientos para tratar de convencer al próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la urgencia que tiene el construir la segunda toma del Júcar-Vinalopó desde Cortes de Pallás, y poder, así, aprovechar un trasvase que costó 400 millones de euros y que está parado desde hace un año. La infraestructura para llevar el agua de Cortes a Villena tiene un coste aproximado de unos 70 millones de euros, que los agricultores están dispuestos a pagar en una parte importante vía tarifas de agua o pidiendo un crédito.
Los setenta millones representan una cantidad menor dada la importancia de la obra (eliminar la sobreexplotación de los acuíferos y garantizar el futuro hídrico de un territorio donde reside un millón de personas) pero que hay que aportar en un escenario de fuerte recesión económica y ajustes presupuestarios. De hecho, la falta de liquidez del Ministerio de Medio Ambiente dejó en el cajón el proyecto para construir la potabilizadora prometida por el todavía secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, que hubiera supuesto un parche, pero habría servido para poder aprovechar una parte del caudal impulsado de Cullera en el regadío, aunque no para el consumo humano.
La falta de calidad de los caudales que se captarán en el Azud de la Marquesa (retornos de riegos y salinidad por su proximidad a la desembocadura del Júcar) provocó hace ya seis años la ruptura total entre el Ministerio y los usuarios de la provincia, que se negaron a participar en el proyecto e, incluso, fueron expulsados del mismo tras el cese de su representante, Andrés Martínez, como consejero de Aguas del Júcar.
El cambio de Gobierno decidido en las urnas el pasado 20 de noviembre ha devuelto la confianza a los regantes, aunque tampoco terminan de fiarse del todo de un Mariano Rajoy que se ha mostrado muy ambiguo en la defensa de los trasvases e, incluso, no los llevó explícitamente en su programa electoral. Con todo, el propio Andrés Martínez se muestra más confiado en poder encontrar ahora una solución para reactivar una infraestructura que la provincia lleva esperando 400 años.
La falta de fondos públicos para construir la potabilizadora prometida por el hoy Ministerio de Medio Ambiente en funciones, la inexistencia de una cobertura legal para comenzar la distribución de los caudales, las dudas que persisten sobre la calidad del agua que se elevará desde Cullera, y la batalla judicial que mantienen Consell y Ministerio por el traslado de la toma de conexión de trasvase y postrasvase han dejado en barbecho una inversión de 400 millones de fondos públicos (un 30% europeos), en pleno debate sobre la necesidad de ajustar los presupuestos y con las arcas públicas vacías.
Según los cálculos de la Junta, el coste adicional de la segunda toma alcanza los 70 millones, pero su amortización sería inmediata vía tarifas a agricultores y ayuntamientos. Los usuarios tienen claro que el funcionamiento de la toma complementaria -Cortes- y la principal -La Marquesa- estaría sometido a un riguroso protocolo de actuación para garantizar que el agua trasvasada en cada toma sería caudal sobrante, respeto a los caudales ecológicos y así se lo trasladarán a Mariano Rajoy.
Los expertos insisten en conectar las cuencas
Expertos en gestión hídrica reunidos el viernes en un acto celebrado en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Madrid insistieron en que la interconexión de las cuencas hidrográficas españolas es la solución más viable para aprovechar el agua, y evitar la reducción de recursos que producirá el cambio climático en el horizonte del año 2020. En este sentido, un informe del Laboratorio de Climatología de la Universidad Jaume I de Castellón alerta de que las cuencas del Júcar y Segura perderán un 20% y un 40%, de sus caudales.
