El vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, advirtió ayer a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de que "llamar a la insumisión" económica de los ayuntamientos ante el Estado no solamente no es legal, sino que "no es constitucional". Barberá ha sugerido a sus homólogos que no devuelvan al Estado el dinero que éste les adelantó de más, puesto que este desembolso siempre se realiza de acuerdo con una previsión. "Y de la misma manera que muchas veces la liquidación es favorable a los ayuntamientos y el gobierno tiene que pagar dinero, ahora ha sido al revés y es un dinero que es de todos los españoles y se puede dedicar a muchas políticas", respondió el ministro.
Chaves recalcó que "no es posible llamar diríamos a la insumisión de los ayuntamientos ante el Estado" e insistió en que legalmente "es un dinero que se debe". "Lo otro, la insumisión, es ilegal e inconstitucional", concluyó el dirigente socialista.
El coordinador de Política Municipal del PP, Juan Manuel Moreno, respaldó a Barberá, consideró "legítima" su propuesta y aseguró que "denominarla insumisión es desacertado".
La que también apoyó ayer las reivindicaciones de la primera edil valenciana fue la Federación Española de Municipios y Provincias, que ayer acordó por unanimidad pedir al Gobierno que aplace a diez años el pago al Estado por parte de los ayuntamientos de los 5.891 millones de euros que deben devolver al haberles salido negativas las liquidaciones de las entregas a cuenta de 2008 y 2009.
