El Consell negocia la supresión de competencias en las diputaciones

La Generalitat admite que "hay que revisar" las instituciones provinciales para reducir gastos

 01:54  

A. F. El debate sobre el papel que desempeñan las diputaciones y su viabilidad futura volvió a salir ayer a la palestra. Esta vez fue la portavoz del Consell, Lola Johnson, la que lo rescató. La también titular de Turismo admitió que el Ejecutivo está negociando con las tres instituciones provinciales de la Comunidad para determinar qué competencias se pueden "reorganizar, suprimir, cambiar, añadir o quitar". El objetivo básico pasa por evitar duplicidades y, sobre todo, reducir gastos.
La consellera defendió la necesidad de estudiar las competencias de las instituciones provinciales, aunque quiso dejar claro que el Consell no está a favor de su desaparición. "Hay que revisar muchas competencias en los distintos niveles de las administraciones, pero las diputaciones siguen siendo muy importantes", espetó. Acto seguido, consideró "estéril" avivar el debate, siempre que "no se enmarque dentro de una reorganización del mapa de las administraciones a nivel estatal".
Tras el pleno del Consell, Johnson también se refirió, a preguntas de los periodistas, a la reestructuración del sector público valenciano. Apuntó que el decreto-ley por el que se creará la Corporación pública empresarial valenciana está "en proceso" y se aprobará "lo más pronto" posible, ya que se trata de un trabajo "extremadamente complejo". El fin último de esta reorganización es el mismo que con las diputaciones: reducir el gasto.
Tal es la agonía financiera que atraviesan las arcas autonómicas que la Generalitat ha solicitado al Estado aplazar las cuotas a la Seguridad Social del personal laboral de la administración valenciana. Se trata de una medida "meramente coyuntural" y que sólo se aplicará durante "unos días", según apuntó el conseller de Hacienda, José Manuel Vela.
Este aplazamiento es una decisión puntual que se ha adoptado este mes por primera vez para "poder hacer frente" a compromisos de la Generalitat, como atender las operaciones financieras, "que lamentablemente no se renuevan", explicó el conseller al término de una reunión con los sindicatos CC OO y UGT. Precisamente, ayer vencía una de esas operaciones por valor de 125 millones de euros.
Aplazar las cuotas a la Seguridad Social es un trámite administrativo que se solicita al Estado mediante un procedimiento establecido y reglado y es una medida "habitual", según detalló Vela. El conseller además quiso recalcar que es una medida "meramente coyuntural" porque solo va a estar en marcha durante "unos días".

Críticas del PSPV
El portavoz de Industria, Ciencia y Tecnología del Grupo Socialista en las Cortes, Francisco Toledo, valoró ayer el decreto-ley que tiene previsto aprobar el Consell para reordenar sus empresas públicas y lamentó que "casi un mes después, la Generalitat nos sorprende con que no sólo no lo aprueba, sino que se acaba de crear la Comisión que deberá estudiar dicha ley".
El diputado manifestó su "desconcierto" tras ver publicado en el DOCV de ayer la orden por la que se crea la Comisión Técnica de Control, Planificación y Ordenación del Sector Público Empresarial. Toledo criticó que el Consell "hablara de inminencia en lo que se refería a la aprobación de la norma a principios de septiembre, ya que por lo visto han cambiado de opinión respecto a la urgencia de que este decreto-ley se apruebe".

Hacienda considera "prioritaria" la emisión de hispanobonos
El conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, José Manuel Vela, defendió ayer la emisión de hispanobonos que agrupen la deuda de todas las comunidades para facilitar su colocación en el mercado. Vela consideró "absolutamente prioritario en estos momentos" que las autonomías puedan colocar deuda" y precisó que ésta no sería "más deuda nueva, sino simplemente aquello que tienen autorizado". "Si eso se quiebra, el sistema difícilmente podrá funcionar porque es necesario que esas renovaciones se puedan seguir atendiendo", agregó Vela, a la vez que resaltó el consenso existente entre las autonomías con las que ha mantenido contactos para realizar la emisión de hispanobonos. Por último aseguró que "no es un problema de", sino "un problema de todas las comunidades". EUROPA PRESS

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