El Ayuntamiento envía al juez los cambios de personal realizados en Urbanismo desde 2007

Entre la información remitida al juez también está el informe municipal sobre el Plan General de Cantallops

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s. escribano El Ayuntamiento de Alicante ha remitido al magistrado que investiga las presuntas irregularidades en la redacción del Plan General una relación de todos los cambios de personal que se han producido en la Gerencia de Urbanismo desde 2007 así como un informe elaborado en 2005 por los técnicos municipales sobre el proyecto elaborado por el equipo redactor inicial, que estaba liderado por el arquitecto Luis Cantallops.
La remisión de esta documentación se produce a requerimiento del juzgado, que a primeros de agosto reclamó al Ayuntamiento toda esa información tras aceptar la petición planteada por Esquerra Unida, que ejerce la acusación popular en la investigación sobre presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y revelación de información privilegiada en torno al PGOU. Como planteó la agrupación política, para la investigación podría resultar trascendente conocer los cambios que se produjeron en los puestos clave de la Gerencia de Urbanismo coincidiendo con la tramitación del contrato y el inicio de la nueva revisión del Plan General.
Entre la información que remite el Ayuntamiento al juzgado figuran varios decretos con los ceses y nombramientos de personal entre 2007 y 2008, cuando se reformaron los estatutos de la Gerencia y se produjeron los cambios más polémicos.
La petición del juzgado se refería a los cambios de personal desde 2007, pues fue en febrero de ese año cuando el Ayuntamiento rescindió el contrato con Cantallops para la redacción del PGOU después de siete años de trabajo. Dos arquitectos alcoyanos tomaron las riendas del documento urbanístico hasta que un año después, en febrero de 2008, se adjudicó la finalización de su redacción al equipo de Jesús Quesada, imputado en el caso Brugal.
Los cambios más importantes en la Gerencia de Urbanismo se produjeron en 2008 y se decidieron un día antes de que el pleno municipal acordara la exposición pública del PGOU. La entonces concejala de Urbanismo, Sonia Castedo, redistribuyó las jefaturas y nombró, en la decisión más polémica, a Isabel Campos, como jefa del servicio administrativo, y a Maria Ángeles de la Sierra como jefa del servicio técnico, pese a que ninguna era funcionaria de carrera. Además, se nombraba a José Luis Ortuño como jefe máximo, aunque después se le redujeron las competencias. Otra medida polémica fue la degradación del arquitecto Miguel Ángel Cano, que de jefe técnico se quedó como jefe de departamento.
Este último redactó en 2005, junto a otro arquitecto municipal, el informe sobre la propuesta de Cantallops que se ha remitido al juez. Según planteó Esquerra Unida ese informe permitirá al juez comprobar las posibles divergencias entre el primer proyecto del arquitecto catalán y el de Jesús Quesada.

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