Los abogados de oficio de la provincia de Alicante intentaron ayer que la unión haga la fuerza. Más de 350 letrados inscritos a los cuatro colegios de abogados de la provincia reclamaron en una protesta que se llevó a cabo a las puertas del Palacio de Justicia de Benalúa que el Consell les pague los cuatro millones de euros que la Conselleria de Justicia adeuda al turno de oficio en Alicante, integrado por 1.200 abogados.

Encabezada por la presidenta del Consejo Valenciano de la Abogacía, Maria del Carmen Pérez, y por todos los decanos de los colegios de abogados de la provincia -Alicante, Elche, Alcoy y Orihuela- la reivindicación de los honorarios por los servicios prestados en 2011 fue la exigencia principal, y "Por un turno de justicia digno", el lema que presidió la concentración.

Respecto a los reiterados impagos por parte de la Generalitat, el decano del Colegio Provincial de Abogados de Alicante, Mariano Caballero, recordó que el pasado año se atendió a más de 300.000 ciudadanos en la Comunidad Valenciana y concretó que la Generalitat sólo ha pagado una parte del trimestre de 2011 y que queda por abonar parte de ese trimestre y todo el tercero íntegramente. Asimismo, explicó que ya está emitida la facturación del tercer trimestre, que en teoría, tendría que cobrarse en diciembre.

Cuentas que no encajan

En total, el Consell debe cuatro millones en la provincia y más de siete millones a los letrados de oficio de toda la Comunidad Valenciana. El presupuesto anunciado por la Conselleria de Justicia para 2012 es de 18.560.000 euros en la Comunidad, cantidad que, según Caballero, no corresponde a la realidad. "La facturación del 2010 fueron unos 24 millones de euros, y en el 2011 van a ser unos 26 millones", indicó. Como publicó este diario, los letrados adscritos al Colegio de Abogados de Alicante han podido cobrar, aunque con retrasos, debido a los créditos a entidades bancarias solicitados por el propio colegio alicantino.

Respecto a las negociaciones que los letrados mantienen con el Consell, éstos rechazan el plan de pagos propuesto por Justicia porque consiste en dejar en el aire un 25% de lo adeudado. Ante esas negociaciones, Caballero anunció que hay que hacer recortes y "buscar fórmulas necesarias para todos que reduzcan el importe de la factura teniendo muy claro que no hay que mermar los derechos de los ciudadanos, por eso no nos parece correcto que se nos quiera imponer una cantidad fija". Añadió que lo "correcto, y es lo que estamos reclamando, es que los compañeros cobren lo que han trabajado porque es justo y legítimo". "Esto no es una subvención, es una retribución por trabajo", aseveró.