Las diferentes consellerias del Gobierno valenciano están manteniendo reuniones con las tres diputaciones provinciales para analizar las competencias y líneas de trabajo que realiza cada institución, con el fin de poder decidir cuáles se pueden "reorganizar, suprimir, cambiar, añadir o quitar".

Así lo ha asegurado hoy la portavoz del Ejecutivo autonómico, Dolores Johnson, en la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Consell, donde ha explicado que el objetivo es crear un mapa que permita tener una visión global de las responsabilidades asumidas por cada institución.

Johnson ha defendido la necesidad de revisar muchas de las competencias que prestan las diferentes Administraciones, pero ha considerado "estéril" poner encima de la mesa el debate de las diputaciones "si no se enmarca dentro de una reorganización del mapa de las Administraciones a nivel estatal".

En este sentido, ha señalado que de las reuniones sectoriales que mantienen el Gobierno valenciano y las diputaciones provinciales saldrá un mapa que permitirá a todos "tener una visión de qué competencias hay que reorganizar, suprimir, cambiar, añadir o quitar, y luego podremos hacerlo de manera global".

Preguntada por la amenaza del presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, de retirar el sueldo, los asesores, los coches oficiales y los teléfonos a todos aquellos diputados que han reconocido que no creen en la institución provincial, ha manifestado que es una decisión que corresponde al propio Rus.

Ha afirmado que el presidente de la Diputación ha hecho y ha pedido "una reflexión seria y serena" a los diputados provinciales, especialmente a aquellos que se mostraron favorables a la supresión de las diputaciones.

A juicio de Johnson, "una cosa es criticar y otra negar", y ha afirmado que la crítica "es perfecta cuando es positiva y para cambiar", pero en este caso, ha añadido, "no se hablaba de una crítica a un modelo, sino de la desaparición del modelo".

Ha destacado que no se planteaba una crítica sobre cómo deberían ser las diputaciones o cómo se podría mejorar la asunción de competencias, sino que "sencillamente plantean la desaparición", algo que "obviamente están dentro de su derecho" a plantear.

Por otra parte, la portavoz del Consell ha asegurado que el decreto-ley por el que se creará la Corporación pública empresarial valenciana está "en proceso" y se aprobará "lo más pronto" posible, ya que se trata de un trabajo "extremadamente complejo".

Asimismo, ha destacado que el Ejecutivo autonómico ha tomado todas las medidas que ha considerado necesarias para hacer frente a la crisis económica, y ha mostrado su deseo de que a partir de las elecciones generales del 20 de noviembre haya un Gobierno en España "que tome las medidas que hasta ahora no se han tomado".

El pleno del Gobierno valenciano también ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat para ejercitar la acción popular en el caso de la mujer de Vinarós, supuestamente asesinada por su marido, y cuyo cadáver fue hallado el pasado domingo en Amposta (Tarragona).

Asimismo, ha acordado el Plan Renove de Calderas Domésticas, que se iniciará el próximo 13 de octubre, con una partida presupuestaria de 900.000 euros, y cuyo objetivo es la renovación de las calderas de calefacción y agua caliente actuales por otras de alta eficiencia energética.

Esta nueva edición, que estará en vigor hasta el 30 de abril de 2012 o hasta el momento en que se agote la cuantía económica asignada, evitará la emisión de más de 2.000 kilos de dióxido de carbono por caldera al año, y las ayudas serán de entre 400 y 500 euros.