El Ayuntamiento gasta 32.000 euros al año en reponer las sillas de madera de la Explanada

Un juez investiga si existen sobrecostes en el servicio y reclama las facturas del material adquirido entre 2008 y 2010

 08:06  
Sillas en el paseo de la Explanada en una imagen tomada ayer.
Sillas en el paseo de la Explanada en una imagen tomada ayer.  PILAR CORTÉS

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ Un juez de Alicante investiga supuestos sobrecostes en el suministro de sillas de madera en la Explanada, según el auto judicial al que ha tenido acceso este diario. El juez considera excesivo el dinero que paga el Ayuntamiento a la mercantil Isjoma por la partida de adquisición de sillas en la Explanada: 8.000 euros al trimestre, es decir, hasta 32.000 euros al año. El magistrado Jesús Gómez Angulo señala que estas partidas "podrían estar ocultando una posible desviación de fondos bien mediante un aumento injustificado de precios, bien reflejando suministro de sillas cuya recepción no consta fehacientemente". Según la investigación, la mercantil podría estar percibiendo entre 150.000 y 180.000 euros al año al margen del contrato.
Las indagaciones se enmarcan en las diligencias por el llamado caso Isjoma que trata de determinar si hubo sobornos a técnicos municipales para la adjudicación del contrato de suministro de infraestructuras para actividades festivas y culturales. El caso Isjoma lleva dos años abierto en el juzgado de Instrucción número 8 de Alicante. Por el momento, están imputados el empresario de Isjoma, Isidro García, y dos técnicos municipales, el jefe de Atención Urbana, Víctor López y un funcionario de Comercio, Diego Agulló. La investigación está a expensas de que la Policía entregue en el juzgado un informe sobre el patrimonio de los investigados. A falta de que lleguen estas diligencias, el juez que ha llevado el caso está pendiente de incorporarse a su nuevo destino en la Audiencia.
Antes del traslado, ha dejado un auto en el que encarga nuevas diligencias, que han sido pedidas por la acusación particular, y argumenta por qué la investigación debe continuar. La denuncia partió de la empresa Alavés que alertaba de que había perdido el concurso pese a que su oferta era mucho más económica. El juez ha pedido que un perito verifique el valor medio de tasación de las sillas tanto en venta al público, como en venta a través de fabricantes o mayoristas. Asimismo ha reclamado a Isjoma todas las facturas de adquisición de sillas relativas entre 2008 y 2010 y los justificantes de los medios de pago; mientras que al Ayuntamiento le pide un informe detallado sobre el modo de adquisición, recepción, conservación y almacenaje de estos bienes, con certificados de las sillas de las que dispone, dónde se guardan y el destino que se ha dado a las adquiridas.
El auto incide en que "más allá de la falta de cuidado que supone tener que reponer las 200-240 sillas cada trimestre, llama la atención el fraccionamiento del importe de adquisición, quizás para evitar otro tipo de controles". Asimismo, el magistrado subraya que el precio que se paga por las sillas no sea de mayorista, la falta de control sobre el material y que las adquisiciones "se realicen por teléfono a quien no es ni fabricante, ni distribuidor, ni comercial de dicho producto".
Gómez Angulo considera que el informe técnico por el que se resolvió el concurso "está plagado de apreciaciones subjetivas difícilmente contrastables por la experiencia". En este sentido, apunta a que a estas circunstancias se añade el hecho de que hay un vídeo grabado en la que un concejal sale hablando de irregularidades en el concurso, así como la existencia de pequeños regalos que pueden tener consideración de atenciones protocolarias a los técnicos en pleno proceso de adjudicación0. El magistrado señala que la investigación ha detectado "una cierta connivencias en la realización de las certificaciones y actualizaciones de precios, que parecen salir directamente de los ordenadores del adjudicatario, sin apenas control".

LA RÉPLICA
La mercantil aportará toda la documentación
La mercantil Isjoma aportará toda las facturas que le reclama el juzgado y están tranquila con la investigación, según aseguró ayer su abogado, Luis Santamaría. El letrado incidió en que tras dos años de investigación no se ha encontrado ninguna irregularidad y las diligencias se centran en hechos que nada tienen que ver con lo que se pretendía averiguar al principio de las diligencias, que parten de la denuncia de la empresa que perdió el concurso. En este sentido, apuntó a que ninguno de los técnicos imputados no se encargan del suministro de sillas de la Explanada. Santamaría aseguró que están esperando a que la Policía aporte en el juzgado el informe de patrimonio de todos los investigados para que quede constancia de que no hay nada. J. A. M.

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