El bufete Salvetti asegura que ingresó 20.000 euros y no un millón por las alegaciones al PGOU

José Luis Castedo dice que su despacho presentó catorce de las 4.000 alegaciones recibidas en el Ayuntamiento y que solo se estimaron totalmente dos

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El bufete Salvetti asegura que ingresó 20.000 euros y no un millón por las alegaciones al PGOU
El bufete Salvetti asegura que ingresó 20.000 euros y no un millón por las alegaciones al PGOU 

PEDRO CERRADA El abogado urbanista y hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, denunció ayer la falta de objetividad del informe policial que le acusa a él y a su socio Javier Gutiérrez de redactar y resolver ellos mismos las alegaciones al PGOU de Alicante a través de dos empresas y aseguró que es rotundamente falso que el despacho Salvetti Abogados haya ingresado más de un millón de euros durante dos años por dichas reclamaciones de empresas y particulares. Castedo cifró "entre 15.000 y 20.000 euros" el dinero ingresado por la tramitación de reclamaciones sobre el Plan General y dijo que la facturación del despacho por estos trabajos apenas supuso un 5 por ciento de los ingresos totales. Castedo y su socio están preparando un escrito para presentar en el juzgado esta misma semana -antes de que sean citados a declarar- con el fin de rebatir las acusaciones de la Policía.

Igualmente, el hermano de la alcaldesa aseguró que su despacho solo presentó, en nombre de trece clientes, "catorce alegaciones al PGOU de unas 4.000 que recibió el Ayuntamiento", por lo que a su juicio cree que es injusto que la Policía trate de implicar al bufete en una trama para amañar el PGOU. De las 14 alegaciones, Castedo indicó que solo fueron estimadas totalmente dos de ellas, otras dos fueron desestimadas y las diez restantes fueron estimadas parcialmente, pero no de forma tan favorable como sostiene la Policía en su informe. Así, en el caso del constructor Antonio Solana solo estimaron uno de los seis puntos que planteaban y en otra de ellas, la del Palamó, "lo único que estimaron ni siquiera se había solicitado y el resto se rechazó".

Castedo señaló asimismo que la empresa de su socio -G&M- subcontratada por el equipo redactor del PGOU "no tenía capacidad para resolver alegaciones". El abogado destacó que únicamente realizaban "informes jurídicos, no de planeamiento" y explicó que solo informaban de la "viabilidad jurídica de lo que les presentaba el equipo redactor".

En cuanto a la elaboración de informes sobre la permuta de terrenos en los Saladares de Agua Amarga cuando era técnico de la Conselleria de Territorio y Vivienda, como le acusa la Policía en el informe, Castedo afirmó que "no tengo nada que ver, no he participado". Además indicó que los investigadores han analizado documentos elaborados por otros juristas y técnicos que utilizaron como plantilla un primer informe realizado por Castedo y pese a ser modificado sigue apareciendo él como su creador.

El abogado criticó también que la Policía rechazara llevarse los expedientes de los trabajos realizados por Salvetti y por ello cree que se han equivocado al incluir en el informe facturas y actuaciones que achacan a alegaciones al PGOU, como es el caso de Puertoamor, el puerto deportivo de la Albufereta. Castedo señaló al respecto que dicha alegación fue presentada por el bufete Garrigues de Valencia antes de que la empresa propietaria de los terrenos firmara un contrato con Salvetti para gestionar con la Generalitat la ejecución del proyecto.
Sobre las facturas de Ortiz, indicó que una no se llevó a enviar porque correspondía a un preacuerdo que no se materializó y la otra es de una actuación con Deproinmed en Santa Pola.

"No han querido comprobar ni un solo trabajo", se lamentó Castedo, quien tras 17 años trabajando como urbanista considera que "quieren criminalizar esa experiencia".

REACCIÓN
Ortiz se desvincula del bufete investigado
El empresario Enrique Ortiz aseguró ayer a este diario que Salvetti Abogados no presentó ninguna alegación al PGOU de Alicante en defensa de sus intereses y añadió que es conocido que sus reclamaciones fueron tramitadas por otro despacho jurídico de la ciudad. Sobre las dos facturas de Salvetti que aparecen en el informe policial, una de ellas por valor de 69.600 euros y la otra de 90.480 euros, señaló que su empresa Cívica solo recibió por error la primera y tuvo que ser corregida por Salvetti para ser facturada a Deproinmed -una empresa coparticipada Ortiz, Bancaja e Inmobiliaria- por un trabajo realizado en Santa Pola. La factura de 90.480 euros no se llegó a enviar porque no se hizo el trabajo.

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