Esquerra Unida considera "inaceptable" que los abogados José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, y Javier Gutiérrez hayan sido "juez y parte" en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
En declaraciones a EFE, Pavón ha dicho que el informe policial acerca del trabajo de ambos letrados refleja que el proceso de elaboración, tramitación y análisis de alegaciones está "viciado", por lo que ha pedido su anulación y el inicio de un nuevo documento de ordenación urbanística.
Un informe policial revela que los dos letrados -uno de ellos hermano de la alcaldesa de Alicante- del despacho registrado en el marco del caso Brugal, "además de contestar alegaciones a través de una sociedad, redactaban para determinadas empresas y particulares la propia alegación a presentar al Ayuntamiento".
"Las actuaciones irregulares", según señala este informe, están relacionadas con la tramitación y posterior estimación de alegaciones "llevadas a cabo" por José Luis Castedo y Javier Gutiérrez -ex edil socialista- a través de las sociedades 'Gutiérrez & Miguélez, Gestión del Suelo, S.L.' y el despacho Salvetti Abogados y Consultores S.L.
A través de un comunicado de prensa, Pavón considera que el informe apunta una nueva causa de deslegitimación del PGOU, exige conocer el importe de la subcontrata de Laboratorio de Proyectos con la firma G&M y denuncia falta de control municipal en la tramitación y resolución de alegaciones.
El edil de EU ha afirmado que el informe policial, al establecer que Salvetti elaboró alegaciones al PGOU para empresas y particulares, incluido el propio Enrique Ortiz, que G&M participó en la resolución de las mismas en sentido favorable a través de una subcontrata con la empresa adjudicataria de la redacción del PGOU, Laboratorio de Proyectos, y que en la actuación de ambas sociedades -Salvetti y G&M- en relación al PGOU intervienen tanto Gutiérrez como Castedo, es "una nueva causa de deslegitimación" del PGOU.
Pavón ha exigido también conocer el importe económico de la subcontrata firmada entre Laboratorio de Proyectos y G&M, un importe que en última instancia proviene de los fondos municipales destinados a la redacción del PGOU y que "podrían haberse utilizado de forma fraudulenta de confirmarse plenamente las conclusiones del informe policial".
EU, la primera formación política que se personó como acusación popular en la pieza de Brugal que investiga el presunto amaño del PGOU, denuncia también la falta de control municipal en el proceso de tramitación y resolución de alegaciones del PGOU.
