Los interlocutores son el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y el empresario Enrique Ortiz. El contexto son las negociaciones del promotor para la aprobación en el pleno del Ayuntamiento de Alicante del plan Rabasa ante el recurso que el Gobierno había interpuesto contra el citado macroproyecto urbanístico ante el TSJ. En una conversación captada por la Policía el 23 de octubre de 2008 en el marco de la Operación Brugal, Alperi le dice que ya había hablado con la alcaldesa, Sonia Castedo, "y le he dicho que espabile" para que Rabasa fuera al pleno cuanto antes. Ésta es una de las escuchas telefónicas que obra en el sumario del caso Brugal y que ahora van a ser incorporadas por el TSJ al recurso contencioso contra este plan a petición de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas. Las escuchas, enviadas ya por EU al tribunal, revelan, según los informes policiales, la connivencia entre técnicos de Urbanismo y el empresario, así como con la alcaldesa y su antecesor.
En el sumario del caso Brugal, aparecen conversaciones entre Ortiz, Alperi y Castedo sobre Rabasa, pero también con técnicos municipales, como el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, el redactor del Plan General, Jesús Quesada y la jefa del Servicio Administrativo, Isabel Campos.
Los informes policiales establecen que Ortiz pretendía la aprobación definitiva del Plan Rabasa por el pleno cuanto antes. En otra llamada interceptada el 23 de octubre de 2008, Ortiz explica a la jefa del Servicio Administrativo de Urbanismo el motivo por el que le urgía que la documentación estuviera lista para ir al pleno: "¿Sabes lo que me da miedo a mi? Que caiga eso en manos de un juez loco y que tome la medida cautelar de suspenderlo y ya no se puede aprobar". La técnico que debe hacer el informe preceptivo se retrasa en presentarlo y el empresario llama para apremiar a que lo haga cuanto antes. "Hazme el favor y que te lo firme ya para que vaya al próximo pleno", asegura en otra llamada a Campos el 30 de octubre. Incluso llega a conminarla para que lo haga por la tarde si es preciso, "que para eso le pagas" (en referencia a la funcionaria).
Ante los retrasos en el informe, Ortiz se pone en contacto con Sanus el 25 de noviembre de ese mismo año, según el informe policial, "claramente malhumorado" y dice que lo que está haciendo la técnico "es marearlo y tomarle el pelo, ya que primero se fue de vacaciones, luego su padre se puso enfermo, etcétera". Ortiz amenaza con otras medidas y que llamará a la alcaldesa. Sanus le replica que está con ella y que se lo dirá él mismo.
Finalmente, el pleno aprueba Rabasa el 5 de diciembre de 2008. "Ya te invitarás a algo, ¿no?", dice Alperi al empresario, apostilla el informe, atribuyéndose todo el mérito en la aprobación del pleno. El exalcalde hace hincapié en lo que le ha costado sacar el tema.
La misma documentación también refleja que la Policía investigó un viaje que hicieron a Oporto un mes antes de ese acuerdo plenario tanto Alperi como Castedo. Fue del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2008 para mantener una reunión con los responsables de Ikea e intentar conseguir que el centro se construyera en Alicante. La Policía puntualiza que los políticos trataban de conseguir que el centro se levantara en terrenos de Ortiz. El sumario recoge llamadas entre Alperi y el empresario en las que el exalcalde de Alicante le va informando de la marcha de las negociaciones. La Policía apunta en el informe a que Ortiz pudo haber gestionado el regreso de ambos en avión privado. Los informes no concluyen quién pagó ese viaje.
El sumario recoge también varias conversaciones de Ortiz con el fallecido conseller de Urbanismo, José Ramón García Antón, en las que el promotor le hace consultas sobre la tramitación del plan y busca que la conselleria agilice el expediente para su aprobación. La Policía llegó a controlar una reunión entre el conseller y el empresario en un restaurante de Valencia. Al término de la misma, Ortiz aseguró a uno de sus empleados que en ella el conseller le había trasladado su temor porque no le gustaba que tuviera tanto poder y que lo acaparara todo, aconsejándole que hiciera negocio fuera de la Comunidad. A lo que, según las escuchas, Ortiz respondió: "Prefiero quedarme en casa y quedarme con todo".
Por otro lado, el PSOE aplaudió ayer la decisión del TSJ de incorporar al contencioso de Rabasa las escuchas de Brugal referidas a este plan urbanístico. "La alcaldesa pretendió aparecer como supuesta salvadora de los intereses de Alicante cuando, según las escuchas, había pactado con Ortiz el traslado de Ikea a Rabasa", dijo la portavoz socialista Elena Martín.
