El TSJ condena a Campos y Betoret a una multa de 9.600 euros y a devolver los trajes

El fallo judicial apunta que los dos acusados recibieron las dádivas de la red Gürtel conscientes de que eran por su cargo

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P. r. f. / R. F. Alicante El Tribunal Superior de Justicia ha condenado a sendas multas de 9.600 euros al exvicepresidente del Consell Víctor Campos y al exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret por la causa de los trajes de Gürtel, un procedimiento en el que ambos se declararon culpables y en el que, a la vez, el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y su antiguo número dos en el PP, Ricardo Costa, están a la espera de juicio. El presidente del tribunal del jurado, Juan Climent, ha rebajado la condena a los imputados ya que Campos aceptó pagar 35.000 euros y Betoret 41.500 euros pero, por contra, les obliga a devolver las prendas que recibieron de la trama Gürtel o, en su defecto, a hacer frente a su coste.
Los dos imputados se libran de sentarse en el banquillo y complican el futuro judicial del mencionado Francisco Camps y del diputado autonómico Ricardo Costa. De hecho, como se recordará, el magistrado unió a la causa el acta de conformidad con la rúbrica del abogado de Camps. Finalmente, sin embargo, el jefe del Consell se echó atrás y tuvo que dimitir apenas tres semanas después de tomar posesión para un tercer mandato al frente de la Generalitat. Ahora, por tanto, el exjefe del Consell se tendrá que enfrentar al juicio con la sentencia contra Campos y Betoret como agravante. El abogado del expresidente presentó al día siguiente un escrito en el que rechazaba la acusación, pero el magistrado decidió mantener en el sumario también el primer documento en el procedimiento.
El juez Juan Climent dictó ayer dos sentencias tras haber admitido Campos y Betoret su culpabilidad y haberse conformado con los hechos imputados por cohecho impropio pasivo. Las dos fiscales de la causa informaron a favor de que el TSJ aceptara las conformidades. Los dos fallos precisan que ni Camps ni Costa ni el PSPV -que ejerce la acusación popular- se han opuesto. La situación judicial de Campos, Betoret y del propio Camps -a raíz del citado escrito que Climent adjuntó al sumario- varió el 22 de julio cuando los dos primeros admitieron por escrito los hechos que les vinculan con la recepción de regalos a través de la trama Gürtel.
Según se declara probado en las dos sentencias dictadas ayer por el magistrado Juan Climent, durante los años 2005 y 2008, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez -alias El Bigotes- actuaron para obtener el favor de "algunos funcionarios públicos y autoridades de altas instituciones y organismos de la Comunidad Valenciana". Así, "realizaron las gestiones necesarias para hacer llegar a estas personas en consideración de su cargo determinados regalos para su uso personal como trajes confeccionados a medida y otras prendas de vestir". Los regalos eran comprados en establecimientos de las firmas Milano Difusión y Forever Young y se facturaban a empresas de la trama Gürtel. Según precisan las dos sentencias, personal de los establecimientos contactaba con los interesados y les tomaba las medidas necesarias para calcular sus tallas. Los regalos se entregaban a los destinatarios en sus domicilios de Valencia, en la sede de Orange Market o en el piso de El Bigotes.
El fallo precisa que Víctor Campos recibió, al menos, dos pantalones, una americana y un chaqué por importe de 5.529 euros. La sentencia incide en que el exvicepresidente del Consell aceptó las dádivas "sabedor de que le eran entregadas por el cargo que ejercía y desde el que podía tomar decisiones o desplegar su influencia sobre determinadas materias" sobre las cuales Correa, Crespo y Pérez mantenían "importantes intereses económicos". Por su parte, a Rafael Betoret le regalaron a lo largo de 2006, al menos, dos americanas, seis trajes, un pantalón y un abrigo por importe de 6.799 euros.Además, entre finales de 2006 y principios de 2007 aceptó una americana, cinco trajes y un abrigo por un importe total de 6.700 adquiridos en la tienda madrileña de Forever Young.
La Fiscalía y algunos jueces mostraron en julio sus dudas a la posibilidad de que sólo se conformaran la mitad de los acusados. Sin embargo, el magistrado señala que dictar una sentencia de conformidad separada no afecta al juicio porque "son por hechos diferentes aunque se produzcan en el mismo procedimiento". La Fiscalía pide que Camps y Costa sean sentenciados a pagar sendas multas de 41.250 euros. El expresidente, según la acusación, recibió prendas valoradas en 14.021 euros. Es evidente que la resolución de la acusación contra Campos y Betoret será utilizada por la acusación -ejercida, en este caso, por el PSPV- en la vista contra el exjefe del Consell y Costa. El juicio podría celebrarse en plena campaña electoral para las generales.

Camps trata de aplazar la vista y que el juicio se celebre en Madrid
Resuelta la acusación contra Víctor Campos y Rafael Betoret, ahora todos los focos del sumario se centran en la figura del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y de su exnúmero dos en el PP, Ricardo Costa, los otros dos acusados en este procedimiento ligado a la operación Gürtel. A pesar de que el TSJ ya decidió la apertura de juicio oral, ambos dirigentes, que aún conservan el escaño de diputado en las Cortes, están intentando dilatar al máximo el procedimiento judicial para, especialmente en el caso de Francisco Camps, evitar que la vista se celebre en Valencia y en una campaña electoral en la que Mariano Rajoy -descontada su victoria en las urnas- se juega llegar a la Moncloa con mayoría absoluta. En la dirección de dilatar el proceso van las últimas acciones de las defensas de Camps y Costa. El expresidente de la Generalitat, amparándose en el Estatuto de Autonomía, ha solicitado que la parte final del procedimiento se sustancie en el Tribunal Supremo. Es decir, el exjefe del Consell, ahora miembro del Consell Jurídic, intenta que la vista oral se traslade a Madrid. Costa, por su parte, quiere que se le aplique la doctrina que sirvió para exonerar a Luis Bárcenas. Esto es, que su cargo sólo era de representación política y no podía adjudicar. P. r. f.

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