Joel Dimile sintió ayer que por unas horas había regresado a su Camerún natal, "donde todo el mundo se une para ayudar a quien tiene problemas", según precisó. Y es que este joven inmigrante de 35 años recibió el respaldo de medio centenar de personas que lograron paralizar su desahucio. Dimile, albañil de profesión, lleva en paro desde 2007 y con los 390 euros que cobra de subsidio no puede hacer frente al pago de su hipoteca.

Ayer, a las 9.30 debía de abandonar la casa en la que vive con su novia, embarazada de 8 meses. A esa hora, decenas de personas convocadas por la Plataforma Stop Desahucios esperaban a la comitiva judicial en el portal de la vivienda, en la calle Cánovas del Castillo en el barrio de Carolinas de Alicante. Tras la mediación del abogado y miembro de la plataforma, Alejandro Climent, el juzgado dio un nuevo plazo para el desalojo, fijado para el próximo 2 de febrero. Un tiempo que para Joel Dimile, que tiene un hijo de 10 años fruto de una relación anterior, supone "un respiro" mientras busca una salida que por el momento ve difícil. "No tengo familia en España, ningún sitio a donde ir y me canso de buscar trabajo, pero no hay nada". Al margen del drama del desempleo, este inmigrante camerunés se ha visto enredado en la maraña del sistema bancario. "Cuando compré mi casa en 2006 pagaba 550 euros, un año más tarde las cuotas eran de 950".

Tras frenar el desahucio, el primero que la plataforma logra parar en la ciudad de Alicante, los manifestantes acompañaron a Dimile a una oficina de atención al cliente del Deustche Bank en el centro de Alicante, donde tiene suscrita la hipoteca. Allí se vivieron momentos de tensión cuando decenas de manifestantes irrumpieron en la oficina, ubicada en un entresuelo de la plaza Galicia, con carteles de protesta y entonando lemas como "Este banco lo vamos a ocupar". Trabajadores de la entidad amenazaron con llamar a la policía mientras los manifestantes se sentaban en el suelo extendiendo una enorme pancarta en la que podía leerse "Personas antes que dinero". Su intención era quedarse allí mientras Dimile y su abogado negociaban con el responsable de la entidad bancaria una posible solución a la situación de esta familia. Por indicación del responsable de la oficina, los manifestantes abandonaron la sucursal y esperaron concentrados en la calle. Efectivos de la policías Local y Nacional se personaron en la plaza Galicia, aunque finalmente no fue precisa su intervención.

Alrededor de las 12.30 salían Dimile y Alejandro Climent de la oficina sin alcanzar un acuerdo con el banco. "Se han negado a que Joel y su familia puedan ocupar la vivienda en régimen de alquiler o que se queden en ella hasta que sea vendida. No nos han dado ninguna opción". Al grito de "Volveremos el 2 de febrero", los manifestantes disolvieron de forma pacífica la concentración.

Según explicó ayer Climent, la vivienda "ha sido subastada por el 50% de su valor de tasación, por lo que además de quedarse sin casa, la familia debe afrontar el pago de una deuda de 80.000 euros con el banco". Por su parte, Dimile asegura que en el momento de suscribir la hipoteca contrató "un seguro que me cubriese en caso de desempleo que no ha sido tenido en cuenta por el banco". Su abogado también señala que cuando su cliente comenzó a tener problemas para hacer frente al crédito, a finales de 2007, "llegó con el banco a una serie de acuerdos verbales para que fuera pagando lo que pudiera, y así lo hizo hasta que en 2009 le informaron de que tenía que pagar toda la deuda".