Agricultores y empresarios de la provincia de Alicante han constituido hoy un "lobby" para exigir al presidente del Gobierno salido del 20-N que construya el derogado trasvase del Ebro, así como que mantenga como hasta ahora el Tajo-Segura y cambie la toma de origen del Júcar-Vinalopó.
El recién creado grupo de presión está conformado por diversas asociaciones y colectivos que en los ocho años de gobierno socialista han solido respaldar las demandas del PP en defensa del derogado Plan Hidrológico Nacional (PHN), aprobado en 2001.
Como portavoz de los colectivos, el presidente de la organización agraria ASAJA, Eladio Aniorte, ha leído un manifiesto con el título "Por el agua para la provincia de Alicante" y ha rechazado las preguntas de los periodistas con el argumento de que no quieren entrar en el debate político a escasos días del 20-N.
Además de ASAJA, forman parte de este "lobby" la Confederación Empresarial de Alicante (COEPA), las comunidades de agricultores Riegos de Levante margen izquierda y margen derecha, el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, la Junta Central de Usuarios del Alto Vinalopó, l'Alacantí y consorcio de la Marina Baixa, la Comunidad de Regantes de Carrizales y la Junta Central de Usuarios de la Pedrera.
En palabras de Aniorte, el "lobby" exige que el nuevo presidente se pronuncie expresamente y apoye cubrir "las necesidades hídricas futuras mediante la construcción del trasvase del Ebro y promueva un 'gran pacto del Agua" que incluya la interconexión de cuencas y que permanezca inalterable en el tiempo, pese a las circunstancias existentes o a que se registren cambios en el poder ejecutivo".
"Queremos manifestar que no renunciamos al derogado trasvase del Ebro pues constituye un pilar fundamental en nuestro propósito de situar a la agricultura y al sector agroalimentario como un motor económico", ha indicado.
Además, el manifiesto abunda en la necesidad de "reactivar" el PHN de 2001 y en la "idoneidad" del Ebro para un trasvase a las cuencas deficitarias por ser uno de los ríos más caudaloso.
Apuntan que este trasvase habría generado en varios sectores más de 514.000 empleos en la Comunitat Valenciana, Murcia y Almería, el 67 por ciento de carácter estable.
Del Tajo-Segura, en nombre del "lobby" el presidente de la Federación de Regantes de Alicante, Manuel Serrano, ha instado "a la formación política que ostente el gobierno a partir del día 20 a formular, nada más tomar posesión de sus cargos, una manifestación expresa en defensa, y su oposición rotunda a los frecuentes ataques que sufre esta obra hidráulica".
Además, demandan que el nuevo Ejecutivo impida que las competencias hídricas pasen a las comunidades autónomas ya que esto conllevaría "potenciar la conflictividad entre territorios y aumentar las injusticias del agua beneficiando sólo a aquellos en los que nacen los ríos cuando éstos son de todos los españoles".
Recuerdan que Alicante sufre una sequía extrema "desde antiguo" que hizo necesario en su día el Tajo-Segura, inaugurado en 1979, tanto para abastecimiento urbano como agrícola.
El "lobby" califica el trasvase de "insustituible" y advierten de que su derogación ocasionará un daño medioambiental y económico enorme.
Acerca del Júcar-Vinalopó, el grupo de presión alicantino aboga por sustituir la actual toma del agua, en el azud de La Marquesa, en Cullera, a la inicialmente prevista y luego suprimida de Cortes de Pallás puesto que en este último punto el agua es de más calidad y permitiría compatibilizar el riego agrícola con el humano, lo que abarataría los costes a los primeros.
Si no se consigue, Aniorte ha alertado de que se puede dar la circunstancia de que el trasvase (cuyas pruebas empezaron en 2010) podría ser culminado sin que hubiera usuarios, debido a que los agricultores no pueden pagar más de lo reflejado en el convenio inicial, de entre 0,12 y 0,15 euros por metro cúbico.
El manifiesto señala que no existen razones fundadas que aconsejaran el cambio de toma mientras que está clara la "idoneidad" de la solución de Cortes de Pallás, desde donde habría un menor consumo energético.
Además del futuro presidente del Gobierno, el manifiesto ha sido enviado al jefe del Consell, Alberto Fabra, a la consellera de Agricultura, Maritina Hernández, y a la presidenta de la Diputación Provincial, Luisa Pastor.
