Los bolsillos con más poderío

Cerca de una decena de políticos de la Comunidad tendría que pagar el Impuesto de Patrimonio si se aplicara en la autonomía

 02:05  

S. ESCRIBANO Aunque con la sustitución de las pesetas por los euros desparecieron muchos millonarios, todavía quedan grandes fortunas que rozan o superan el millón de euros. En la clase política de la provincia y de la Comunidad hay varios ejemplos, como el de la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, o el del diputado autonómico Juan Cotino. Con la riqueza que acumulan no se escaparían de pagar el nuevo Impuesto de Patrimonio aprobado ayer por el Gobierno, pero lo harán porque el Consell ha decidido no aplicarlo. No son los únicos que se ahorrarán así el pago del tributo.
Otro de los millonarios es el exconseller y actual diputado autonómico Mario Flores, que acumula un patrimonio de 1,3 millones de euros y ninguna deuda, como se desprende de su declaración de bienes hecha pública recientemente. Su fortuna se divide en 259.289 euros referentes a varias viviendas y un garaje y en 1.107.874 euros que tiene ingresado en cuentas, en acciones, fondos de inversión, un seguro de vida, un plan de pensiones y dos motocicletas.
Pero quien lidera el club del millón es Juan Cotino, que atesora bienes por valor de 1,8 millones y ninguna deuda. A excepción de los 8.128 euros que declara por la posesión de una vivienda, el resto de bienes estarían gravados por el Impuesto de Patrimonio si se aplicara en la Comunidad.
La presidenta de la Diputación de Alicante tampoco tiene deudas y declara bienes por un importe global de 1,5 millones. Ni descontando el importe de su vivienda habitual -como se permite en el tributo hasta un máximo de 300.000 euros- se libraría de pagarlo si la Generalitat no hubiese renunciado a aplicarlo.
El que podría eludirlo sería el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Miguel Valor, quien declara bienes por más de 800.000 euros. Aunque el global de su patrimonio supera el límite de 700.000 euros fijado para el pago del impuesto, podría restar el valor de su vivienda habitual y si fuera superior a los 100.000 euros ya no llegaría a la barrera. En una situación similar se encuentran otros políticos, como el diputado autonómico Andrés Ballester, que declara un patrimonio de 705.732 euros. También se encuentran en una situación dudosa la diputada Ángela Barceló, con bienes por valor de 994.164 euros, o el exconseller Alejandro Font de Mora, con 915.800 euros. Estos dos eludirían el impuesto siempre que pudiesen descontar el importe de sus viviendas habituales, que no se especifica en sus declaraciones de bienes, y éstas tuviesen un valor cercano a los 300.000 euros.
Quien sí tendría que abonarlo sería el exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, puesto que sin contar sus propiedades inmuebles acumula bienes que superan la barrera de los 700.000 euros y en total declara un patrimonio de 975.174 euros y ninguna deuda. El presidente de la Diputación de Valencia también tendría que hacerlo al acumular un patrimonio de 970.971 euros en el que no hay bienes inmuebles que poder descontar.

Para fortunas de un millón de euros
El nuevo impuesto aprobado ayer por el Gobierno y que la Generalitat ha rechazado aplicar se dirige a los contribuyentes que acumulan un patrimonio igual o superior a los 700.000 euros, sin contar el valor de la vivienda habitual hasta los 300.000 euros. En la práctica, supone que el impuesto se aplicará a quienes tengan un patrimonio cercano o superior al millón de euros, tal y como explicó recientemente la vicepresidenta económica, Elena Salgado.
El impuesto se vino aplicando hasta 2007 y ahora el Gobierno lo ha recuperado, pero subiendo la barrera a partir de la cual los contribuyentes tendrían obligación de abonarlo. De esta forma, va dirigido a quienes el valor de sus bienes, descontando de ellos las deudas y cargas, superen los 700.000 euros teniendo en cuenta que no se contabilizaría el importe de las viviendas habituales si es inferior a los 300.000 euros. De esta forma, el impuesto grava todo el patrimonio, como los coches, las joyas o los inmuebles.
Son las Comunidades Autónomas a las que les corresponde el cobro del impuesto y decidir si lo aplica o no. Teniendo en cuenta la oposición del líder del PP, Mariano Rajoy, a la recuperación de este impuesto al considerar que penaliza el ahorro, no resulta extraño que la Generalitat haya decidido no aplicarlo. De hacerlo, supondría que alrededor de 6.000 alicantinos con grandes fortunas tendrían que pagarlo. En toda la Comunidad Valenciana serían 19.000 personas.

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