La Generalitat admite el colapso de la Justicia en la provincia y anuncia nuevos juzgados

Cabré descarta la privatización del turno de oficio

 01:45  

EFE alicante El conseller de Justicia, Jorge Cabré, y la titular de Infraestructuras, Isabel Bonig, avanzaron ayer en las Cortes las guías maestras de su gestión durante los próximos cuatro años. Ambos, tal y como hicieron el miércoles los responsables de Turismo, Gobernación y Agricultura, remarcaron la necesidad de aplicar ajustes.

JUSTICIA

Cabré anunció que una nueva Ley Valenciana de Servicios Sociales aunará todos los servicios derivados de la Ley de Dependencia, la Renta Garantizada de Ciudadanía y otras prestaciones sociales. El conseller de Justicia apuntó que entre sus prioridades figura la creación de una ley integral de las familias y un plan para la puesta en funcionamiento gradual de los juzgados pendientes en la provincia, al ser "los más castigados por efectos de la crisis". Sobre la Ley de Dependencia, destacó que en esta legislatura se alcanzará la "completa" implantación de la norma autonómica que la desarrolla. Además reclamó la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para que sea financieramente sostenible, apuntó que se está dialogando con los Colegios de Abogados para encontrar un sistema de prestación y pago "en el que todos nos encontremos cómodos" y garantizó que no se privatizará.
La oposición, por su lado, le recriminó que la Comunidad siga siendo la segunda autonomía que "peor" aplica la Ley de Dependencia y que haya rebajado en un 8,7% los recursos destinados a los servicios sociales municipales, entre otros aspectos.

INFRAESTRUCTURAS

Bonig apostó por la búsqueda de "fórmulas alternativas" para financiar las infraestructuras más productivas, pero advirtió de que sólo se ejecutarán si su resultado económico final "es razonable". La consellera informó de que se está elaborando un plan extraordinario de inversiones que se centrará en el sistema de colaboración público-privado y reclamó "una implicación activa del sector financiero". "Es clave -agregó- la participación de las entidades financieras para que el sector privado pueda disponer de fondos con que acometer estas actuaciones, ya que las restricciones presupuestarias obligan a buscar fórmulas alternativas". Bonig insistió en que su departamento "sólo dará luz verde" a los proyectos "si no computan déficit y si su resultado económico es razonable en términos de coste de oportunidad".
El diputado del PSPV Francesc Signes instó al Consell a "reformular" el Plan de Infraestructuras "para ajustarlo" a la situación económica y que deje de ser un marco "ficticio y electoralista".
El diputado de Compromís Juan Ponce criticó que desde el Consell ahora se abogue por el Corredor Mediterráneo como una infraestructura prioritaria, "cuando el PP no lo defendió cuando estaba en el Gobierno central".

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