Con un volumen de paro que se acerca ya a la cifra de los cinco millones -4.978.300 personas en situación de desempleo según la EPA del último trimestre- las consignas electorales y el grueso de los mensajes lanzados por los candidatos en esta cuenta atrás al 20-N ponen sobre la mesa un conjunto de recetas con las que sortear una situación calificada por los propios aspirantes de "inasumible", "tremenda" o de "auténtica sangría".

Con el denominador común entre las formaciones de potenciar la "confianza" en la economía española, los programas concentran diversas apuestas en las que los incentivos al sector empresarial para que se atreva a potenciar la contratación tienen un espacio destacado. Bajo esta pauta, el candidato del PSOE al Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, abandera iniciativas como que en el periodo 2012 -2013, el Estado pague la Seguridad Social a las mercantiles de menos de 50 empleados que creen puestos de trabajo. Una subvención del 100% el primer año, del 75% el segundo y del 50% y del 25%, el tercero y el cuarto.

Mariano Rajoy, tras las siglas del Partido Popular plantea, por ejemplo la concesión de una desgravación de 3.000 euros a las pymes que contraten a su primer trabajador, además de apostar por acometer una nueva reforma laboral frente a la planteada por los socialistas en esta legislatura, quienes confían, por su parte en que los cambios introducidos aporten resultados a "medio plazo".

Las medidas se enmarcan en la necesidad de actuar sin titubeos ante unos datos de formalización de nuevos contratos resentida y de realidades como la existencia de 1.425.200 hogares españoles en el que todos sus miembros activos están a la espera de obtener una oportunidad laboral.

El cara a cara mantenido el pasado lunes entre los representantes de los principales partidos puso los focos en este escenario arrojando compromisos como el de Rajoy de que no rebajar las prestaciones por desempleo, prestaciones que, al cierre de octubre eran fuente de ingresos para 2.720.661 personas en España y 114.104 en la provincia.

Los itinerarios trazados por otros partidos albergan cuestiones como las que señala IU a favor de una reforma del sistema de pensiones públicas, la activación de un plan de choque para activar la contratación en áreas como la rehabilitación de inmuebles o la dependencia. Por su parte, Compromís apuesta por la modificación del INEM o el establecimiento de la jornada laboral de 35 horas y UPyD por una reforma laboral en la que todos los nuevos contratos sean indefinidos y la indemnización por despido aumente en función de la antigüedad.

Toda una serie de planeamiento con los que taponar una radiografía complicada, con casos como el de Alicante en el que unas 65.800 personas paradas sobreviven con una prestación de tipo asistencial y otras 91.235 no cobran ningún salario de los servicios públicos de empleo.