Entre la cadena perpetua revisable y el fiscal instructor

SONIA LÓPEZ MADRID/EFE
La prisión perpetua revisable que propone el PP y la reforma para que sean los fiscales los que lleven la instrucción que defiende el PSOE son las medidas más polémicas de los programas en materia de seguridad y Justicia.

cadena perpetua revisable
La prisión permanente revisable ya fue propuesta por el PP, sin conseguir sacarla adelante, en la última reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado diciembre. El PP propone también medidas de seguridad "pospenales" y descontar los beneficios penitenciarios de la suma de las penas impuestas y no del límite máximo de cumplimiento efectivo de 30 años de prisión. En política penitenciaria, el PSOE promete culminar el plan de equipamientos y aplicar medidas para el cumplimiento de condenas de corta duración con penas de trabajos en beneficio de la comunidad y en el medio abierto.

terrorismo
El cese de la actividad armada no ha sacado a ETA de los programas electorales. Como principio básico de la política de seguridad, el PP promete no negociar con terroristas "ni por la presión de la violencia ni por el anuncio de su cese". El PSOE asegura que reforzará la cooperación internacional y el consenso de los partidos y seguirá prestando atención a las víctimas. El PP promete promover su reconocimiento y memoria e impulsar la aplicación de la ley de partidos para evitar la presencia en las instituciones de cualquier partido que justifique la violencia.

seguridad
Los socialistas llevan en su programa una nueva estrategia contra el crimen organizado, que potencia la especialización de los policías, mientras IU apuesta por un sistema descentralizado, unificar los cuerpos estatales en una única Policía y limitar la seguridad privada.
El PSOE también quiere que los policías locales participen en funciones de seguridad, policía judicial y tráfico, y propone planes que favorezcan la participación del sector privado en la seguridad interior. El PP ofrece reforzar la prevención de los delitos en internet, la protección de las víctimas y los menores y un plan de seguridad rural.

independencia judicial
En busca de una mayor independencia, el PP quiere que doce de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los jueces y ampliar el mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional, desligando su composición de las mayorías parlamentarias de turno. IU pide que estos últimos sean nombrados por las Cortes Generales y que se fije un régimen de incompatibilidades para los vocales del Consejo. El PSOE se limita a un compromiso para impulsar el acuerdo necesario para que se cumplan los plazos constitucionales.

fiscal instructor
Ecomendar la instrucción penal al Ministerio Fiscal, como establece el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no ha podido ver la luz en esta última legislatura, es una de las propuestas repetidas en los programas del PSOE e IU. El PP prefiere pronunciarse a favor de redactar una nueva ley de enjuiciamiento criminal que dé más celeridad a las instrucciones.

tribunales
Los socialistas quieren establecer una lista de espera judicial de asuntos, que será pública. El PP aboga por juicios rápidos, por cambiar la oficina judicial y por recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para los Estatutos de autonomías. IU propone la desaparición de la Audiencia Nacional.