Llevan cuatro meses sin cobrar sus nóminas y hasta ahora han aguantado como han podido. Pero la asociación de ayuda a los afectados por la ludopatía de Alicante, Vida Libre, ha tenido que recurrir a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ante la grave situación económica por la que atraviesan, debido a los impagos de la Generalitat Valenciana y a la caída de las subvenciones por parte de las cajas de ahorro.
Esta medida sólo supone un leve respiro a la situación ya que, asegura su director, Antonio Castaños, "sólo nos permitirá sobrevivir un año más". Pero si la situación no mejora el futuro para esta entidad, que lleva 20 años trabajando en Alicante, es muy incierto. "Hemos tratado de no reducir la calidad de nuestros servicios y terapias a los pacientes, pero llegará un momento en el que las personas afectadas por ludopatías tendrán que dirigirse a centros privados o sufrir el problema sin una solución, porque la mayoría de ellos carecen de recursos económicos".
El ERE presentado por Vida Libre ha supuesto el despido de dos de los ocho trabajadores con los que contaba la entidad "y la reducción en un 50% de la jornada laboral del resto de empleados". La Conselleria de Sanidad debe a esta entidad 18.000 euros correspondientes a 2011. Por su parte, la Conselleria de Justicia adeuda 16.000 euros. Una situación a la que se suma "el descenso de aportaciones por parte de las cajas de ahorro que ahora se están reconvirtiendo en entidades bancarias".
Las asociación Vida Libre no es la única entidad que atraviesa por serios apuros ante los impagos de la Administración valenciana. A mediados del pasado mes de octubre, cerca de una 30 de entidades que trabajan con discapacitados intelectuales en la provincia de Alicante denunciaron la grave situación en la que les está dejando la deuda de la Generalitat. Estas entidades atienden a cerca de 3.000 personas en la provincia de Alicante a través de residencias, centros de empleo o de atención temprana.
Dejar de pagar a los proveedores o recurrir a créditos para poder mantener los programas y las nóminas de los empleados son algunas de las salidas por las que están optando estas asociaciones a la espera de que llegue el dinero de las consellerias de Sanidad y Justicia.
Ultimátum de las residencias de mayores
El presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia, José Alberto Echevarría, advirtió ayer que si no cobran los 1.268 millones que les deben la administraciones "serán días lo que tarden los centros en cerrar por quiebra". Echevarría ha leído este jueves un manifiesto al término de una concentración realizada en Valencia para denunciar la "insostenible" situación. En la Comunidad Valenciana, a las 200 empresas asociadas, que dan servicio a unos 25.000 usuarios, la Conselleria de Bienestar Social les adeuda 75 millones, sin contar con la deuda de los ayuntamientos y el retraso en el pago en determinados servicios, como a discapacitados supera el año. EUROPA PRESS
