El comité de empresa de la empresa de transportes La Alcoyana ha instado a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a que haga las "gestiones oportunas" para que la Generalitat Valenciana pague la "deuda" que mantiene con los empleados de la compañía.

A través de una carta, el comité ha solicitado ayuda a Castedo ya que el ayuntamiento ha sido parte "fundamental" en el acuerdo de equiparación salarial con los empleados de Masatusa, otra de las firmas encargada del transporte urbano en Alicante.

También han hecho saber a la alcaldesa que desde julio de 2010 no reciben el pago correspondiente a la igualdad en la retribución, "unos 1.000 euros netos" a cada empleado.

Además, han señalado que los más perjudicado en el retraso del pago son tanto la plantilla de La Alcoyana como el propio ayuntamiento ya que las "posibles movilizaciones" de los empleados de la empresa perjudicarían a la ciudadanía de Alicante.

La "deuda", que los trabajadores cifran en 240.000 euros, se produce a raíz de la citada equiparación que, según el presidente del comité de empresa, se comprometió a llevar a cabo el en su día conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores.

Debido al retraso en el pago, los empleados se pusieron en contacto con la directora de la Agencia Valenciana de Movilidad (AVM), Mar Martínez, quien les indicó que ya se había realizado la orden de pago a la Conselleria de Hacienda.

No obstante, en Hacienda "no han tramitado" la misma, según denuncian en la misiva enviada a Castedo.

La carta especifica que el retraso y la "falta de coordinación" no es achacable a la plantilla de la empresa ni al ayuntamiento, sin el que la solución hubiese sido "más complicada" para todas las partes.

Por otro parte, el comité de empresa ha conocido la existencia de un estudio de remodelación de la red de transporte metropolitano del ayuntamiento de Alicante.

En la misiva se señala que con la entrada en vigor del mismo, "previsiblemente" con la puesta en marcha de la línea 2 del TRAM, que unirá el centro de la capital alicantina con el municipio de San Vicente del Raspeig y la Universidad de Alicante (UA), "se podrían perder puestos de trabajo".

Es por ello que también han solicitado a la alcaldesa una reunión ya que "no se puede entender" este recorte.

Para el comité, "en esta situación lo normal es apostar por el transporte público".