Seguridad jurídica para invertir en España. Ésta es la idea que ha defendido en Londres ante inversores británicos el presidente de la Audiencia alicantina, Vicente Magro, en unas jornadas que recientemente ha organizado la cámara de comercio española en esta capital europea. Lo cierto es que la Comunidad Valenciana aparece con mucha frecuencia en los diarios de corte sensacionalista y el temor se apodera del colectivo de inversores cuando se habla de casos de estafas inmobiliarias en Torrevieja. El objetivo último de estas jornadas es demostrar que en España existe seguridad jurídica y que no se trata de una república bananera. En ellas se analizaba el sistema judicial español y uno de los ponentes invitados para explicarlo era el presidente de la Audiencia alicantina, Vicente Magro. El magistrado no sólo defendió la solvencia del sistema español, sino que también lanzó algunas de sus propuestas para seguir mejorando y que, según su opinión, también son válidas para ser utilizadas en ese país.

En palabras del magistrado, en España "estamos trabajando para que exista seguridad jurídica" y "hay muchos profesionales que estamos apostando por esta seguridad que se reclama y que quien quiera puede venir a vivir o a invertir, o ambas cosas". Para Magro, la existencia de "casos puntuales" no debe manchar la imagen del país.

Una estafa inmobiliaria en Torrevieja ha sido tema de portada en los tabloides británicos. Asimismo, el asesinato hace unos años de un matrimonio británico en la provincia de Alicante que había venido a comprar una vivienda también causó una gran conmoción en el Reino Unido. Hechos que han generado una leyenda negra en este país y por tanto recelos y dudas sobre si es seguro invertir en España.

El magistrado en su ponencia dio algunos datos sobre cuál era la realidad de la crisis. En España, los procesos monitorios, juicios para reclamaciones de cantidad en los que no es necesario tener ni abogado ni procurador, entre 2007 a 2011 se ha pasado de 400.000 a 850.000 asuntos, con 32.000 embargos, casi 20.000 lanzamientos por desahucio y más de 2.000 procesos concursales presentados, el nuevo modelo que la legislación mercantil prevé para las suspensiones de pagos. Eso sí, para el presidente de la Audiencia alicantina el número de jueces es muy reducido: 4.800 magistrados que deben repartirse los casi diez millones de asuntos que a lo largo de todo el año 2011 se registraron en los juzgados españoles.

Siempre pendiente de presentar nuevas propuestas con las que mejorar la calidad de la Justicia, Magro explicó algunas de sus ideas y que también podrían ser utilizadas en ese país.

La primera de ellas es la creación de juzgados especializados en Derecho Inmobiliario, a cuyo frente estarían magistrados especialistas en este tipo de materias , garantizando la solvencia del sistema español frente a las reticencias de los inversores indecisos, así como también se pondrían en marcha mecanismos para agilizar la tramitación de estas demandas judiciales.

Otra de sus ideas fue la creación de un domicilio electrónico, como el DNI, con el que evitarse los cerca de 40 millones de actos de comunicación que realizan los juzgados de toda España al año. Según Magro, el ahorro de personal y tiempo podría permitir dedicar esos recursos a otros temas. De esta manera, según Magro, también se evitarían los retrasos en la tramitación de los procedimientos que se producen a causa de los morosos que tratan de evitar todas las notificaciones del juzgado.

También para Magro, las empresas también pueden poner en marcha recursos para protegerse de las actividades de alguno de sus empleados que utilice la pantalla de la mercantil como marco para cometer hechos delictivas. El magistrado aboga por la figura del "keeping track", que sería el encargado de controlar y conocer lo que se hace en la empresa, con la obligación de evitar que el descontrol de empleados o directivos puede generar alguna actuación desleal en la que terceras personas resultan defraudadas.

"Los afectados se sienten indefensos ante los delitos económicos de todo tipo que en ocasiones se cometen bajo el escudo de una empresa", aseguró. El "keeping track" protegería a las empresas de ser condenadas penalmente por una de estas actuaciones fraudulentas, ya que la reforma del Código Penal aprobada el año pasado permite responsabilizar también a las mercantiles.

La cuarta idea defendida por Magro es tratar de impulsar reformas que permitan reducir la excesiva burocratización de los procedimientos. Para el magistrado, no todo consiste en crear nuevos juzgados, sino también en buscar leyes y mecanismos que sean adecuados. En esta línea, recordó que el actual contexto de crisis económica hace difícil que se puedan hacer las inversiones de medios necesarias para los juzgados. En esta línea, abogó por poner a dos jueces al frente de cada juzgado a fin de duplicar el ritmo de resolución de asuntos; así como por poner en marcha servicios comunes de atención, tramitación y ejecución de las sentencias.