Imprimir a doble cara, utilizar folios normales en lugar de papel de oficio o limitar a 10 euros por trimestre y funcionario el gasto en material de oficina son algunas de las medidas que la Conselleria de Justicia pondrá en marcha para ahorrar casi 4,5 millones de euros al año. El dinero, que supone el 20% del gasto actual de los juzgados de la Comunidad Valenciana o el 2% del presupuesto total de la administración de Justicia, se destinará a abonar a los proveedores y evitar los impagos actuales.
Fue el conseller en persona, Jorge Cabré, quien ayer se encargó de presentar en sociedad el plan de eficiencia en la gestión, una serie de actuaciones en diferentes ámbitos -ahorro energético, en papel y en otros conceptos como transporte o instalaciones- que busca "optimizar los recursos" existentes "aplicando el sentido común".
Las medidas no estarán plenamente activas hasta 2012, aunque en algunos casos las primeras experiencias se estrenarán en apenas una semana. Es el caso del plan piloto que se inaugurará en un juzgado de instrucción de Torrent. La sede será la primera en sustituir las fotocopias de los procedimientos judiciales por copias escaneadas de los mismos. Posteriormente, los resultados se compararán con los "del juzgado de al lado" a fin de comprobar cuál ha sido el ahorro en papel. Según las previsiones de la conselleria, con este proceder se dejarán de gastar cinco millones de folios al año o, lo que es lo mismo, 50.000 euros.
En esta misma línea se sitúa otra de las medidas estrella anunciadas ayer por Cabré: la sustitución del papel de oficio por el normal debido a que los folios timbrados "cuestan el doble" que los que carecen de marcas oficiales. A partir de ahora, los equipos multiimpresión de los juzgados se encargarán de estampar las marcas de agua en el papel judicial. Esta acción ahorrará un millón de euros anuales.
Otros 400.000 euros saldrán del material de oficina. A partir de ahora, los funcionarios sólo podrán gastar un máximo de 10 euros en bolígrafos, lápices o gomas de borrar cada tres meses. En caso de necesitar más útiles de escritura, el juzgado "tendrá que solicitarlos" a Justicia y "justificar el por qué de esa falta de material", advierte Cabré.
La impresión de sentencias a doble cara -el 30% del papel empleado en las sedes judiciales- también permitirá evitar un desembolso anual de 181.000 euros. La resolución judicial media necesita ocho folios, pero si se estampa a dos caras, la cifra se reduce a cuatro, lo que supone "un ahorro del 50%".
Las notificaciones también cambiarán tras la implantación del plan de eficiencia, puesto que se realizarán a través de Lexnet, un sistema virtual de intercambio de información entre los profesionales y los órganos judiciales. La acción permitirá dejar de gastar unos 16 millones de folios al año, lo que equivale a 150.000 euros.
Taxímetros en marcha
Los recortes previstos por la conselleria también alcanzan a los taxis, aunque Cabré prefirió ayer hablar de "una racionalización" del servicio. En realidad se trata de fomentar más la videoconferencia -el conseller pidió ayer a los jueces que hagan uso de este sistema de una vez- para evitar el gasto "inasumible" que actualmente generan los tiempos de espera de los vehículos al aguardar a los fiscales con el taxímetro en marcha.
Otras medidas consisten en mejorar los contratos de mantenimiento de las sedes, la activación del plan de eficiencia energética o el traslado a locales propios por los que no haya que pagar alquiler.
CIUDAD DE LA JUSTICIA
Quince expedientes sancionadores a otros tantos funcionarios
El conseller Jorge Cabré comunicó ayer que se están tramitando "entre 10 y 15" expedientes sancionadores a otros tantos funcionarios de la Ciudad de la Justicia de Valencia por los hechos que Levante-EMV, de la misma empresa editora que INFORMACIÓN, destapó hace unos meses acerca, sobre todo, del incumplimiento de horarios por parte de algunos trabajadores de las sedes judiciales. Los expedientes, explicó Cabré, se abrieron para tratar "los casos más graves, sangrantes y escandalosos". En algunos de los supuestos, los informes han sido resueltos ya y notificados a los interesados. Pese a que estos tienen la posibilidad de recurrir la posible sanción impuesta por la conselleria, "de momento no hay constancia de que se haya presentado ningún recurso" al respecto, según desveló el conseller, quien no quiso ofrecer más detalles sobre estos expedientes "para no vulnerar la intimidad de los afectados".
