La puntuación para obtener la beca de comedor es "injusta". Así lo denuncian los propios trabajadores sociales que llevan directamente y a diario la situación de las familias más desprotegidas.
A través de su Colegio Oficial provincial concretan que "en muchos casos, familias que viven cómodamente en urbanizaciones fuera de la ciudad, pueden acceder directamente a esta ayuda asistencial porque no se tiene en cuenta la necesidad económica de la unidad familiar, sino la distancia kilométrica hasta el centro escolar". El secretario del Colegio, Emiliano Ramírez, subraya a este diario que el colectivo ha remitido a la Conselleria de Educación un informe con su propuesta de modificación de la normativa que regula las becas de comedor "para conseguir un reparto más equitativo y aumentar el número de beneficiarios", pero que no ha sido tenida en cuenta desde el curso pasado.
El transporte determina la beca
El artículo 5 de la normativa de las becas de comedor contempla que la beca de transporte da derecho directamente a la beca de comedor, de forma que la renta no es lo que la determina a priori.
Se dan, por tanto, casos -como denuncian los trabajadores sociales- de familias acomodadas con beca de comedor "por el hecho de vivir a más de tres kilómetros del centro escolar", frente a otras "que tan sólo perciben la prestación por desempleo y no pueden acceder a la ayuda", al sumar únicamente 13 de los 17 puntos exigidos este curso. Ni tan siquiera alcanzan los 15 o 16 puntos que ahora dan derecho al 70% o 40% de la beca respectivamente, tras la reciente ampliación aprobada por el conseller Císcar.
"Muchas familias solicitantes de la beca, con 13 puntos, se consideran agraviadas ya que su situación económica es la misma que demostraron el año anterior y por la que se les otorgó esa misma puntuación, que la conselleria consideraba entonces que garantizaba ser beneficiario de las ayudas asistenciales de comedor". Los profesionales sociales añaden que este curso, sin que haya mediado una mejora económica en estas familias, "se encuentran con la denegación de las ayudas sociales con la misma puntuación que el año pasado".
De ahí que el Colegio provincial de Alicante reclame, en nombre de los trabajadores sociales que integran los Servicios Psicopedagógicos Escolares (SPE) y los Gabinetes Psicopedagógicos Municipales (GPM), "la necesidad de atender el mayor número de casos posibles en situación de necesidad social y redistribuir de manera más equitativa las ayudas asistenciales".
El colectivo lamenta asimismo que no se les esté teniendo en cuenta en las reuniones de la conselleria con representantes del profesorado y padres de alumnos, de cara a modificar los baremos de las becas de comedor para el curso que viene, tal y como anunció el conseller de Educación, José Císcar.
Tampoco el informe que sobre las familias realizan los profesionales de los SPE son tenidos en cuenta a la hora de conceder las becas asistenciales y, "por contra, remiten a las familias a los servicios sociales municipales, cuando esa cita hay que pedirla en un teléfono 902 de pago y tardan mucho tiempo en darla, lo que impide disponer del informe requerido a tiempo para reclamar la beca", afirma Ramírez.
