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Los juzgados de la Comunidad Valenciana registran cada día de media 42 ejecuciones hipotecarias, según reveló ayer en la apertura del año judicial el secretario de gobierno del TSJ, Jesús OIarte. La presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, aseguró en su discurso que los jueces son conscientes "de los sacrificios de muchas familias" y apuntó que están tratando de adoptar soluciones justas. Los responsables judiciales de la Comunidad Valenciana incidieron en la necesidad de afrontar la concentración de los partidos judiciales al estar convencidos de que la estructura actual es "insostenible" por actual crisis.

Jesús Olarte explicó que los juzgados valencianos han tramitado en el último año judicial cerca de 100.000 reclamaciones de deudas y han registrado 15.500 ejecuciones hipotecarias.

Pilar de la Oliva insistió en que los jueces conocen de cerca las dificultades económicas que vive la sociedad. "Recibimos a las empresas que pasan por situaciones dramáticas, nos ocupamos de las reclamaciones de deuda o de las indemnizaciones por despido, comprobamos las dificultades de muchos para hacer frente a sus compromisos económicos" y "sabemos de los sacrificios de muchas familias", apuntó. La presidenta del TSJ añadió que los jueces tratan de "dar las soluciones más justas según la realidad del momento".

De la Oliva también lamentó la falta de medios y aseguró que los juzgados se encuentran "en estado grave con pronóstico reservado". La representante de los jueces valencianos recordó que el TSJ ya ha trasladado al Poder Judicial la necesidad de agrupar partidos judiciales para "racionalizar el trabajo y mejorar la respuesta al ciudadano" y apostó por un pacto de estado.

La magistrada precisó que la sobrecarga de los juzgados impide señalar un juicio por despido antes de un año o resolver la situación de una empresa que ha entrado en concurso. "Y no parece que esto contribuya a dinamizar la actividad económica", sentenció.

Pilar de la Oliva aseguró que puede haber "riesgo de impunidad" en los partidos judiciales más castigados por las modalidades más sofisticadas y peligrosas de la delincuencia internacional.

A la apertura del año judicial asistieron, entre otros, el vicepresidente del Poder Judicial, Fernando de Rosa; la portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo; el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra; y el arzobispo de Valencia, Carlos Osoro.

El acto también fue aprovechado por los representantes sindicales de los funcionarios para protestar por la falta de medios. Además, el colectivo Jueces para la Democracia mostró su oposición a la posibilidad de que se aplique el copago.

Los delitos caen casi un diez por ciento

El fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Ricard Cabedo, explicó que los delitos han caído un 8,77% en el último año en la jurisdicción de mayores y un 11,78% en la de menores. Cabedo señaló que en 2010 se cometieron más de medio millón de infracciones penales en la C. Valenciana. El fiscal superior incidió durante su discurso en que su objetivo es completar el despliegue territorial de la plantilla para que en todas las sedes judiciales de importancia haya representación de la Fiscalía. Cabedo lamentó que siguen faltando fiscales en las secciones territoriales de Alcoi y Vinarós. Por otra parte, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Valencia explicó que los asuntos tramitados por los juzgados han descendido un 4,9% en el último año hasta situarse en 1.060.000. R. f.