La diputada autonómica de Compromís Mireia Mollà aseguró ayer que los documentos aportados a la prensa por la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), para defender la transparencia del PGOU no desmienten que el planeamiento urbanístico "se cocinara" en el barco del empresario Enrique Ortiz. En la última semana, Castedo ha ido facilitando diversa documentación del Ayuntamiento con la que trata de demostrar su inocencia en las supuestas irregularidades en el PGOU.

"Esos documentos no la eximen de los posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada que le atribuye el fiscal", añadió Mollà en una nota de prensa. A juicio de la diputada de Compromís, "por muchos papeles que ahora insista en presentar Castedo, no ha podido demostrar que no diera información privilegiada al empresario Enrique Ortiz, que no recibiera regalos de éste o que, en definitiva, el documento clave en el planeamiento urbanístico no se cocinara entre éste, la alcaldesa y su predecesor Luis Díaz Alperi". Mollà recordó que Compromís ha pedido que se paralice la tramitación del PGOU a causa de las presuntas irregularidades descubiertas. "De nada sirve que Castedo quiera presentarse ahora como la víctima de un plan urdido por el fiscal y de un juicio paralelo de la prensa porque los datos siguen ahí", agregó.

Pavón

Por su parte, el portavoz de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, señaló ayer que las principales aspiraciones urbanísticas de Enrique Ortiz fueron recogidas de manera directa por el Ayuntamiento, sin necesidad de presentar ninguna alegación. Entre ellas citó que "el plan Rabasa se tramitara al margen del PGOU y que se reclasificara como suelo urbanizable la zona aún sin urbanizar de La Condomina a través del sector Torres de la Huerta". Pavón incidió en que ambos planes suponen la construcción de hasta 30.000 nuevas viviendas. "Nos parece inconcebible que se presente a Ortiz como un promotor al que se le niega todo lo que pide", sentenció.

Para Pavón, las cuatro entregas de documentación de Castedo a los medios "no aclaran nada" y "persiguen confundir a los ciudadanos al pretender centrar el interés del caso Brugal en si Ortiz resultó beneficiado por el PGOU, cuando el centro de gravedad de la investigación se sitúa en si el empresario recibió información privilegiada de Alperi y Castedo, cuestión que la alcaldesa evita y rehuye una y otra vez". EU volvió a reclamar una comisión de investigación por el Plan General.