Si el principio de "un político, un sueldo" defendido el sábado por el candidato socialista a la Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, llegase a aplicarse con todas sus consecuencias, sus señorías verían notablemente mermado su poder adquisitivo. Uno de cada cuatro diputados de las Corts Valencianes perciben dinero público por tener más de un cargo. En concreto, 15 políticos alicantinos compaginan el sueldo de alcalde, diputado, señador o consejero con dietas por sus cargos en las Corts o en el Congreso y el Senado. En la Comunidad Valenciana la cifra asciende a 34 (19 populares y 15 socialistas).
En el Congreso de los Diputados son tres los alicantinos: la popular Adela Pedrosa, alcaldesa de Elda, y los socialistas Bernabéu y Tortosa, ediles en Mutxamel y Villena. En el Senado está el alcalde de Altea, Miguel Ortiz (PP), mientras en las Corts Valencianes hay once diputados que estarían afectados por esta doctrina Rubalcaba. En concreto, los alcaldes de l'Alfàs, Vicent Arques (PSPV); Crevillent, César Augusto Asencio (PP); Alicante, Sonia Castedo (PP); Novelda, Milagrosa Martínez (PP); Calp, César Sánchez (PP); y Xixona, Ferran Verdú (PSPV). A esta lista se unen los concejales de Sax, Ana Barceló (PSPV); Altea, Verònica López (PSPV); Sax, Pilar Sarrión (PSPV) y Dénia, Jordi Serra (PSPV), así como el consejero de Emarsa, Luis Díaz Alperi (PP).
