El nuevo reglamento de seguridad sobre protección física de las instalaciones y los materiales nucleares y las fuentes radioactivas no ha resuelto las incógnitas sobre cual debe ser el comportamiento del personal de seguridad de servicio en una central nuclear frente a un asalto como el que Greenpeace protagonizó en las instalaciones de Cofrentes el pasado 15 de febrero, a 120 kilómetros de la capital alicantina.
Un grupo de unos 15 asaltantes cortó con una radial una valla protectora y logró introducirse hasta las torres de refrigeración tras una refriega con los vigilantes de seguridad que se saldó con un guardia herido. Greenpeace dijo entonces que había quedado en entredicho la seguridad de las instalaciones nucleares mientras que del lado del Gobierno y de la industria nuclear se habló de una respuesta "proporcionada" a la naturaleza de la agresión en la que se eludió el uso de armas de fuego y perros adiestrados.
En cualquier caso, el asalto evidenció una cierta vulnerabilidad de la CNC Cofrentes al demostrar que activistas de Greenpeace y quizá también grupos disfrazados de ecologistas podían eludir una de las barreras físicas disuasorias constituida por la doble valla que rodea la instalación. Hubo también un cierto retraso en la llegada de fuerzas suficientes de la Guardia Civil debido a que la población valenciana solo dispone de un pequeño cuartel, cuyos limitados recursos impidieron también detectar los preparativos previos a la intrusión.
Más control
La normativa, aprobada recientemente por el Gobierno a instancias del Ministerio de Industria, introduce nuevos procedimientos y amplía los controles sobre el personal que trabaja en las instalaciones o se dedica al transporte de equipos y sustancias radioactivas. Además, añade mecanismos de control sobre materiales y otras fuentes radioactivas distintas de las del combustible gastado sobre las que hasta ahora no había tanta atención en términos de seguridad física.
El real decreto introduce la información "sensible" que puede ser utilizable con fines terroristas entre los objetivos a proteger por los titulares de las instalaciones.
La legislación española, que data de 1995, no había incorporado las nuevas "sensibilidades" generadas por los atentados del 11S y el 11M: "la preocupación por el incremento del terrorismo internacional" y su interés por usar todo lo nuclear para sus fines
Entre los objetivos de la nueva normativa figura explícitamente el de "proteger a las instalaciones nucleares, los materiales nucleares, y las fuentes radiactivas contra el sabotaje o cualquier otra actuación ilegal que pueda tener consecuencias radiológicas o perjudicar o alterar el normal funcionamiento de las instalaciones", así como "mitigar o reducir al mínimo las consecuencias radiológicas de un sabotaje".
Barreras "suficientes"
Sin embargo, en lo relativo a la protección física de las centrales nucleares, el real decreto no aporta grandes novedades, según fuentes del sector y sigue trasladando al titular de la explotación la responsabilidad de "evaluar" el alcance y naturaleza de la intrusión y de dar una respuesta "proporcionada" hasta la llegada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este sentido, el asalto de Greenpeace no parece haber generado ninguna modificación. La norma exige "efectivos, medios técnicos, o una combinación de ambos, que sirvan para detectar con prontitud cualquier intento de intrusión... así como para evaluar las condiciones, circunstancias y capacidades con que dicho intento de intrusión se está produciendo".
Se obliga al titular a situar suficientes "barreras físicas" y "controles redundantes" que retrasen la entrada de personas y vehículos no autorizados a las áreas protegidas y que impidan dicha entrada a espacios vitales o a los lugares donde se ubica el material nuclear hasta la llegada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
