Al límite. Así se encuentran varias asociaciones de discapacitados físicos y psíquicos consultados por este periódico. El motivo: el retraso en el pago de las subvenciones que la Conselleria de Bienestar Social les debería haber abonado el pasado mes de septiembre en concepto de ayudas directas y conciertos y que todavía no han recibido. Una circunstancia que, en caso de prolongarse, pondría a las entidades, aseguran, en una seria situación y con problemas para pagar servicios básicos como luz y agua.

De hecho, la ansiedad ya ha comenzado en algunos centros, donde los responsables han tenido que dejar de pagar a proveedores para poder continuar, de momento, con su día a día, según señalan fuentes de una asociación de la provincia de Alicante que ha preferido permanecer en el anonimato. "Si siguen los retrasos, tendremos problemas muy serios", añaden las citadas fuentes.

Al respecto, Mariluz Arbolí, la gerente de la Unión Provincial de Asociaciones Pro-Minusválidos Psíquicos de Alicante (Upapsa), afirma que el colectivo de la provincia vive el retraso con preocupación debido al contexto económico pero que confían en el pago de la Generalitat. "Se ha hablado con ellos y nos han asegurado que el abono de las subvenciones se realizará antes del 20 de octubre. Confiamos en su palabra y ya hemos visto que algunos centros de la provincia de Valencia han cobrado, por lo que si ellos han recibido el dinero también lo recibiremos nosotros".

Con respecto a la falta de pagos a proveedores, la gerente de Upapsa señala que como no es una demora muy grande "se llega a acuerdos con ellos". Y es que Mariluz Arbolí considera que, a pesar del retraso de más de un mes en el pago de la subvención del Consell, "aún estamos dentro de un plazo razonable y, lo más importante, tenemos una fecha del Consell que espero que se cumpla porque, en caso contrario, podría colocarnos en0 una situación muy crítica para nosotros". En cuanto al número de afectados, la gerente de Upapsa señala que la cantidad es muy variada debido a la gran cantidad de personas con discapacidad en la provincia de Alicante. No obstante, según señala, las 25 asociaciones que forman parte de Upapsa atienden a cerca de 3.000 personas en la provincia de Alicante a través de residencias, centros de empleo o de atención temprana.

Cierre en Valencia

En la provincia de Valencia también sucede algo parecido. "Si el Consell no afronta sus obligaciones con las asociaciones de discapacitados antes de que acabe el año la situación será insostenible". Esta es la conclusión a la que han llegado la mayoría de asociaciones y fundaciones que prestan los servicios de atención y cuidados de los enfermos con distinto grado y tipo de discapacidad intelectual en la provincia de Valencia tras el impago de las ayudas por parte del Consell y su negación a aclarar cuando se pagarán.

La Fundación Aixec, formada por la Cruz Roja y Aspace Valencia, confiensa que el Consell le debe 500.000 euros. "Los retrasos en los pagos por parte de la Conselleria de Bienestar Social eran continuos. Sin embargo, de la noche a la mañana, los contratos y programas con otras administraciones como Sanidad o Empleo han dejado de pagarse también. Sin previo aviso", explican fuentes de la fundación.

Estos impagos generalizados han provocado una situación "de extrema gravedad" porque "los continuos retrasos ya nos forzaron a pedir crédito para pagar a los trabajadores y a los proveedores. No obstante, como las ayudas no han llegando hemos tenido que hacer frente a los intereses al tiempo que los créditos se acaban y los bancos no nos dan más", exponen desde Aixec. Añaden que "hasta ahora hemos podido pedir a los trabajadores un esfuerzo pero a los proveedores, como es normal, si no les pagamos antes de acabar el año nos cortarán la luz y el agua. Si eso ocurre, muchos centros ocupacionales y centro Día tendrán que cerrar su puertas", concluye.

Desde la Fundación arremente contra el Consell porque no valora el importante esfuerzo que están realizando estas asociaciones que, incluso, llegan a invertir todos sus ahorros. "Cuando la Generalitat habla de su magnífica red de centros de atención y cuidado a discapacitados, son nuestros centros. Si este servicio no lo prestáramos nosotros los discapacitados estarían desamparados".

Sin fecha para recibir las ayudas de ocio y vacaciones

Otras de las partidas afectadas desde las administraciones públicas a los colectivos de discapacitados son las que tienen que ver con el empleo y el ocio que prestan las asociaciones. "Al contrario que ocurre con las ayudas de Bienestar Social éstas dependen de otras consellerias, como la de Economía, y no tenemos ningún plazo ni fecha para el abono de estas cuantías", explica Mariluz Arbolí.

Sobre estas cuantías, la gerente de Upapsa, responsable de todos los programas de ocio de la provincia de Alicante para discapacitados, indica que "en junio se podía pedir un anticipo de estas subvenciones y sabemos que algunos colectivos que los pidieron todavía no lo han recibido". No obstante, considera que lo más preocupante es que "no hay fechas concretas ni plazos, es nuestro gran problema".

En la actualidad, en la provincia de Alicante se ofertan unas 1.100 plazas para discapacitados en programas de ocio. Viajes en Semana Santa, verano o Navidad son algunos de los periodos festivos de los que se benefician los discapacitados de la provincia. Sin embargo, este año todavía no se ha recibido dinero y todos los viajes organizados hasta la fecha los han desembolsado los colectivos y los padres con anterioridad "porque, lógicamente, a los albergues a los que vamos hay que abonarles el dinero".

En verano, por ejemplo, la asociación organizó 27 estancias por toda España con unos 600 personas discapacitadas y 260 voluntarios, lo que supuso un coste cercano a los 300.000 euros. Una parte la pagan la asociación y otra los padres de los chicos. En Semana Santa, fueron 120 plazas. "Hemos adelantado dinero y tenemos un grave problema de tesorería".

Para las próximas vacaciones de Navidad, la gerente de Upapsa no tiene claro que vuelvan a organizarlas en caso de no recibir las subvenciones. "Estamos realizando malabarismos para hacer las cuentas y los padres no pueden hacerse cargo de todo, ya que cada plaza puede costar unos 600 euros por diez días, lo que es algo muy difícil para una familia", destaca, al tiempo que recuerda la importancia que tiene este tipo de actividades para los afectados.