El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, afrontó ayer su primera sesión de control en las Cortes Valencianas desde que asumiera las riendas de la Comunidad el pasado mes de julio, en una cita parlamentaria en la que las altas dosis de crispación y las continuas alusiones al caso Gürtel de la anterior legislatura dejaron paso a la crisis y a la petición de medidas "reales" para capear las dificultades económicas que atraviesa la administración autonómica.

Sin la ovación y los aplausos por parte de los miembros del grupo popular con los que su antecesor en el cargo, Francisco Camps, quien ayer no acudió a la sesión, afrontó sus últimas intervenciones en la Cámara, Fabra accedió al hemiciclo y se enfrentó por primera vez a las preguntas de la oposición. Una toma de contacto en la que descartó de forma categórica aplicar "una bajada en los salarios a los funcionarios", asignando las "reducciones a los gestores del sector público para adecuar sus retribuciones".

El máximo mandatario de la Generalitat aprovechó su tiempo en la tribuna para poner sobre la mesa otros compromisos como el de "no subir impuestos", punto que figura dentro de la línea trazaba por su Gobierno para "cobrar menos tasas a los ciudadanos". Fabra concluyó este capítulo de intenciones mostrando el rechazo del Consell a activar impuestos como el de patrimonio, además de explicar que se va a instaurar "una exención fiscal al 100% el primer año y al 50% el segundo para todos los impuestos y tasas municipales de las empresas de nueva creación" o la "revisión de aquellos gravámenes que puedan distorsionar la capacidad de inversión".

El tono conciliador de Fabra se dio de bruces contra la línea adoptada por el portavoz del PSPV en las Cortes, Jorge Alarte -el síndico socialista afrontaba también su primera sesión de control-, quien acusó al jefe del Consell de no adoptar medidas "reales" culpando al Gobierno central, en lugar de asumir responsabilidades, por lo que le pidió que "gobierne para no pasar a la historia por ser el presidente que pidió el rescate y certificó la quiebra de la Comunidad". Los cañonazos más contundentes llegaron al hemiciclo de manos del portavoz de Compromís, Enric Morera, quien exigió mayor "transparencia" en la gestión, además de pedir a Fabra actuaciones claras contra la corrupción. Así, señaló que el primer error del presidente ha sido "colocar al frente del Puerto de Alicante a un imputado en un caso de corrupción como Joaquín Ripoll, quien nada más llegar lo primero que ha hecho es nombrar asesores".

A esta línea se sumaron también los representantes del PSPV y de EUPV exigiendo medidas "contundentes" contra los "más de 15.000 enchufados" que, según expusieron, se "cobijan" en la administración, además de "recortar 2.000 millones del despilfarro del sector público, apuntó Alarte.

En la sesión de ayer -en la que también tomaron la palabra los consellers de Hacienda y Economía, José Manuel Vela y Enrique Verdeguer- se rechazó abrir, con los votos en contra del PP, una comisión para investigar la gestión de la conselleria de Cooperación en el reparto de ayudas a proyectos internacionales.. También, se rechazó la apertura de una comisión sobre el accidente del metro de 2006 en Valencia.

Los crucifijos seguirán en las Cortes

El voto en contra del PP dejó ayer en punto muerto la propuesta de modificación del artículo 6.1 del Reglamento de la Cámara para evitar que los símbolos religiosos presidan los actos de jura o promesa de los diputados. La iniciativa llegó a las Cortes bajo el cuño de la coalición Compromís y contó con el respaldo de todos los grupos de la oposición, quienes querían con esta petición que "se respetaran" las convicciones y creencias de los diferentes parlamentarios, alejando de las Cortes "cualquier símbolo identificativo de religión, creencia o ideología". El diputado del PP David Serra justificó el rechazo en que esta propuesta "no mejora el funcionamiento de las Cortes", además de señalar que se trata de un planteamiento "restrictivo y prohibitivo". Según apuntó, la presencia de un crucifijo en actos de jura o promesa se debe a que la Comunidad tiene "unas raíces judeocristianas". La oposición censuró en bloque esta postura que calificó de "intolerante" y "ofensiva para algunos parlamentarios" . EFE