Ante las últimas revelaciones sobre la investigación por el presunto amaño del Plan General de Alicante, y tal y como se comprometió en el último pleno municipal, la alcaldesa de Alicante entregó ayer a los periodistas un comunicado y documentación sobre una actuación urbanística municipal para defenderse ante la opinión pública de los presuntos delitos de los que le acusa el fiscal. Para ello, utiliza los mismos argumentos que cuando hace un año compareció ante los medios, aunque en esta ocasión avisa de que lo hará "por capítulos", porque, añade, "si de llenar páginas se trata, todos sabemos hacerlo". La primera edil recuerda que fue ella quien, durante su comparecencia del 25 de octubre de 2010, dio a conocer las acusaciones de la Fiscalía: revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.

En la documentación, Sonia Castedo vuelve a defender su actuación en el plan parcial APA-9 de Vistahermosa para reiterar que "no hubo ningún incremento de edificabilidad". Las investigaciones sobre este plan dejan entrever la estrecha relación entre la alcaldesa y Enrique Ortiz. Según se recoge en el escrito del fiscal, ambos mantuvieron una reunión en mayo de 2008 en la que hablaron "de cambiar la ordenación y dar más edificabilidad al sector APA-9".

Castedo se basa en documentación sobre el plan en cuestión para repetir que no se produjo ese aumento y recuerda que el sector "fue aprobado definitivamente el 8 de noviembre de 1993". En los casi 18 años que han pasado desde entonces "dicho documento de planeamiento sufrió modificaciones puntuales, en los años 2003, 2004 y 2008, sin que en ningún caso experimentara aumento de edificabilidad", recoge el comunicado. La alcaldesa, en su comparecencia de octubre de 2010, ya indicó que el sector ha pasado a denominarse "UZA-4 Vistahermosa" en el nuevo Plan General de Alicante y sostuvo que "se mantiene sin variación". Lo mismo que vuelve a decir ahora.

La regidora mantiene que "la documentación oficial" que aporta junto a su escrito "demuestra que no hubo ningún incremento de edificabilidad". Para Castedo, "tal cuestión es tan simple y fácilmente comprobable como consultar el documento de planeamiento de la ciudad, que siempre ha sido público". Algo que, no obstante y en su opinión, requiere "una firme voluntad de trabajar bien... de 'investigar' en base a la verdad".

Esta no es la única crítica que la regidora alicantina realiza en su alegato en el que, como viene siendo habitual, cuestiona la investigación así como el trabajo de los medios de comunicación al informar sobre estos hechos y el de los partidos de la oposición.

De esta forma, considera que las noticias aparecidas recientemente "en diversos medios de comunicación" están "plagadas de interpretaciones, suposiciones y juicios de valor" que, a su entender, se basan "en la mayoría de los casos, en informaciones erróneas y sesgadas". Eso es lo que, asevera, la ha obligado nuevamente "a salir del paso en lo que a mi persona afectan dichas informaciones". Para ello, apela "a la profesionalidad de los informadores para que, esta vez sí, la verdad salga a la luz y se explique la realidad de la situación".

Castedo sostiene que únicamente se centrará en "la investigación policial y fiscal tan prolíficamente desgranada en los medios de comunicación" y se remite a su comparecencia pública del año pasado. Si en aquel momento quiso pronunciarse, punto por punto, sobre cada una de las acusaciones del fiscal para concluir que Ortiz "no consiguió nada de lo que pidió", ahora quiere hacerlo ofreciendo información por entregas. "Desgranaré cada expediente desde el principio hasta el final de su tramitación, defendiendo la actuación de los técnicos municipales en cada caso y el trabajo del equipo redactor del Plan General". Una defensa que, afirma, "abanderaré siembre hasta que alguien demuestre lo contrario".

La primera edil avisa que va a seguir defendiendo su "inocencia ante las acusaciones de la Fiscalía" que, según ella, se han visto "acentuadas en las últimas semanas por partidos políticos de la oposición y algunos medios de comunicación (que no todos), pese a que no existe hasta la fecha resolución alguna de la autoridad judicial, que es la instancia competente".