La Fiscalía avisa a la Policía Local de que no puede detener prostitutas por ejercer en la vía pública

Los arrestos habían caído en picado después de que desde este verano los fiscales empezaran a no perseguir por la vía penal los incumplimientos de la ordenanza

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Imagen de la junta de fiscales en la que se aprobó el tema.
Imagen de la junta de fiscales en la que se aprobó el tema.  pilar cortÉS

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ La Fiscalía provincial notificará a la Policía Local de Alicante que no puede detener a prostitutas por negarse a abandonar la vía pública. La medida se produce después de que la junta de fiscales ratificara el martes que no va a perseguir por la vía penal a las mujeres que vulneren la ordenanza municipal.

Como ya adelantó este diario, desde el pasado agosto la Fiscalía ya había comenzado a no acusar por desobediencia a las que prostitutas que se negaban a marcharse de las zonas donde ejercen. Fuentes del ministerio público señalaron que desde entonces el volumen de detenciones por esta causa había caído en picado, por lo que la comunicación de este acuerdo a los agentes es una formalidad una vez que ya se ha hecho oficial cuál va a ser el criterio que se va a seguir.

La ordenanza de prostitución se aprobó el pasado mes de febrero y prevé sanciones que van desde los 750 hasta los 3.000 euros por ejercer estas actividades en la vía pública. Pero además de la multa, se dejaba la puerta abierta a que mendigos y prostitutas pudieran ser detenidos en caso de no obedecer a los agentes. La ordenanza dice: "Si no abandonaran el lugar, se procederá a levantar la correspondiente acta a fin de que se incoen las correspondientes diligencias judiciales penales por la posible comisión de un delito de desobediencia".

Los conflictos comenzaron el pasado verano después de que se empezaran a imponer las primeras sanciones, es decir, en pleno mes de agosto y cuando buena parte de la plantillas de jueces y fiscales se encontraba de vacaciones, y no había un criterio claro sobre cómo actuar en estos casos. A falta de que el asunto se llevara a la junta, desde la Fiscalía ya se había llevado a la práctica de no acusar nunca. El argumento esgrimido es que no se puede convertir en delito cualquier incumplimiento de las ordenanzas municipales. De hecho, ni los fiscales estaban acusando, ni los jueces condenando. En un caso, un fiscal presentó acusación contra una prostituta porque se enfrentó con los agentes que la desalojaban de la avenida de Dénia.

Desde el ministerio público no se entra a valorar las sanciones que prevé dicha norma, simplemente no se perseguirá por la vía penal el hecho de que éstas se nieguen a marcharse del lugar en el que se encuentran. Para este criterio, se han basado en sentencias de la Audiencia de Palma por la ordenanza de prostitución de Calvià.

Los fiscales sí que estaban acusando por desobediencia en el caso de los gorrillas que se negaban a marcharse al ser requeridos por la Policía Local y la Audiencia de Alicante ya estaba confirmando las primeras condenas. Sin embargo, son muchas las dudas que todavía tienen algunos jueces y fiscales que mantienen que no es una conducta delictiva. Para resolver dudas, desde el ministerio público se ha optado por elevar una consulta a la Fiscalía General del Estado para que se pronuncien. Entre tanto, se va a seguir acusando a los gorrillas que denuncie la Policía Local por desobediencia hasta que todas las dudas queden despejadas.

Seva: "Cuando les enviamos el texto no dijeron nada"
El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Seva, aseguró ayer que remitió la ordenanza en su día a la Fiscalía para que hicieran sus aportaciones y que no dijeron nada. "Envíe un escrito firmado por mi y una copia del borrador de la ordenanza al fiscal jefe para que planteara sus aportaciones, que no se hicieron en su momento", explicó. Seva aseguró ayer que "esperaremos la comunicación oficial y actuaremos en consonancia de lo que diga". Según el edil, la comunicación se hizo hace año y medio y al no recibir respuesta "entendimos que estaba bien". La Fiscalía no contestó al entender que no entraba en sus competencias inmiscuirse en una ordenanza municipal.

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