El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, volvió a poner ayer sobre la mesa la necesaria operación de "adelgazamiento" a la que tendrá que someterse la administración de la Comunidad. Un plan de actuaciones que trasladó al propio Rey Don Juan Carlos en la visita institucional que realizó al Palacio de la Zarzuela y que calificó de necesario para dar respuesta "a las exigencias de la difícil" situación actual. El jefe del Consell, durante su visita a Madrid, puso el acento en el objetivo primordial de "rebajar" el volumen de la administración autonómica. Una hoja de ruta de la que se escapan por el momento la aplicación de medidas relacionadas con posibles despidos en la administración valenciana, así como una "reducción en los sueldos de los funcionarios", compromiso que, por contra, deja en el aire cuestiones como las amortizaciones de plazas o la situación del personal interino.
El mandatario autonómico volvía a situar en primer plano la sombra de los recortes a escasas horas de dar a conocer los detalles del plan de ajuste al que someterá a las sociedades y empresas públicas de la Comunidad, que se aprobará hoy. Una serie de medidas destinadas a afianzar un ahorro cercano a los 400 millones de euros y que se suman a las iniciativas puesta ya en marcha para contener el desembolso de la Generalitat en 1.800 millones.
Aplicar reducciones
Fabra insistió en que las intenciones del Consell pasan, igualmente, por "no recortar" servicios en parcelas "vitales" como la educación, la sanidad o el área de bienestar social. Un compromiso que llevará, por contra, a "aplicar reducciones" en otros escenarios para conseguir que la Comunidad "siga siendo competitiva". En su exposición de motivos ante el Rey Don Juan Carlos, Fabra también optó por las comparaciones para señalar que la realidad que atraviesa en estos momentos la Comunidad no es "aislada" y, al igual que otras autonomías, se está trabajando en la aplicación de medidas para poder afrontar las dificultades económicas. Un camino que requiere, según Fabra, que las diferentes regiones españolas "vayan de la mano para resolver los problemas".
Economía exigirá planes de saneamiento a todas las empresas con pérdidas
El proyecto legislativo elaborado por la Conselleria de Economía e Industria que dirige Enrique Verdeguer busca incrementar el control sobre el sector público y proceder a su adelgazamiento. La nueva regulación busca poner coto a los excesos en las empresas y fundaciones públicas, en su mayoría deficitarias y que han gozado de manga ancha a la hora de contratar personal directivo y de otro tipo. La ley, que debe todavía ser dictaminada por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) y el CES impide para el futuro los contratos blindados y rebaja el sueldo de los directivos al nivel de las personas titulares de las direcciones generales. El decreto implica una revisión de las plantillas de los entes públicos. También se establecen una serie de exigencias para la financiación del sector. La época en la que las firmas acudían sin cortapisas a los préstamos bancarios ha llegado a su fin. Aquellas deficitarias deberán elaborar informes de gestión sobre las causas de sus situación de números rojos y planes para sanear sus cuentas. J.R.
