Las dificultades económicas del Ayuntamiento de Alicante centraron buena parte del pleno municipal celebrado ayer, en el que se aprobaron varias modificaciones del presupuesto y la petición de un crédito de 14 millones para pagar facturas pendientes. En medio de la polémica suscitada por las deudas que arrastran las arcas municipales, los partidos de la oposición acusaron al equipo de gobierno de despilfarrar en la contrata de basuras y en la jardinería de la ciudad.

Como se recordará, con motivo de la solicitud del préstamo al Instituto Oficial de Crédito (ICO), el interventor municipal realizó un informe alertando del desequilibrio presupuestario del Ayuntamiento y de que el préstamo no era suficiente para hacer frente a todas las facturas pendientes de otros años que no cuentan con consignación presupuestaria. Esos gastos ascendían a finales de 2010 a 34,8 millones de euros, pero contando con las ampliaciones de crédito aprobadas ayer y con el crédito de 14 millones, la deuda pendiente sería de 17 millones de euros.

Fuentes municipales aseguraron ayer que esos gastos sin consignación presupuestaria obedecen a deudas contraídas con grandes empresas, puesto que, según indican, con el préstamo del ICO se prevé pagar todas las facturas anteriores a diciembre de 2010 que el Ayuntamiento debe a los autónomos, pequeños y medianos empresarios.

Una cuestión que fue puesta en duda por los grupos de la oposición durante el pleno, pues recordaron que cerca de un 90% de los 14 millones de euros se destinará al pago a grandes empresas, mayoritariamente a las de Enrique Ortiz.

Durante el debate económico en el pleno, el edil de Hacienda, Juan Seva, dio la callada por respuesta a las acusaciones de la oposición. La portavoz del PSOE, Elena Martín, mostró su preocupación por el volumen de "facturas en el cajón". Por su parte, el portavoz de Esquerra Unida, Miguel Ángel Pavón, incidió en que "no se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y eso refleja el descontrol de las cuentas municipales". Por su parte, desde UPyD criticaron que varios asuntos presupuestarios se elevaran al pleno por la vía de urgencia y consideró que "son temas que tienen que estar más controlados".

Sobre el préstamo del ICO, desde EU anunciaron que lo recurrirán y aseveraron que dentro del dinero destinado al pago a pymes se contemplan "400.000 euros para Viveros Albatera, que no es una pequeña empresa". Pavón criticó no haber tenido acceso a las facturas y argumentó que "probablemente sean de las flores que se han puesto en la ciudad" y aseveró que suponen "un despilfarro en tiempos de crisis".

En cuanto a la contrata de la recogida de basura con Inusa, el PP rechazó la petición del PSOE de realizar una auditoría del contrato. Los socialistas alegaron que sepaga dos veces por servicios similares y que el coste anual de la contrata ha pasado de los 26 a los 40 millones. Desde EU apuntaron que "es un agujero negro", mientras el edil popular Andrés Llorens defendió la gestión del contrato.

Por otro lado, la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) acusó al equipo de gobierno local de "ocultar las cuentas" y de no tener proyectos de financiación.

Apoyo al corredor Mediterráneo

El pleno aprobó ayer, con los votos a favor del PP, PSOE y UPyD y la abstención de EU, una declaración institucional en apoyo al Corredor Mediterráneo. Otra de las cuestiones que salió adelante con el respaldo unánime de todos los grupos fue que el Ayuntamiento exigiera al Consell que agilice los centros de salud pendientes y la Línea 2 del tranvía entre Alicante y la Universidad. También se aprobó otra declaración institucional sobre la CAM en la que los grupos políticos mostraron su preocupación por el futuro de la Obra Social y pidieron al Banco de España que se depuren reponsabilidades entre los gestores de la entidad.

Por otro lado, el nuevo reglamento, que deja en manos de la alcaldesa la fijación de las dedicaciones exclusivas de los concejales, salió adelante con los votos del PP.

En materia sanitaria, el PSOE propuso crear un Consejo Local de Salud, mientras el PP alegó que ya existen dos consejos en la ciudad y planteó el que todos los grupos políticos se incorporaran en ellos. Al final no hubo acuerdo y se desestimó la moción socialista.

También se aprobó, con los votos a favor del PP y UPyD, la amortización de tres plazas en las Escuelas Infantiles, a lo que se opone el Sindicato de Empleados Públicos SEP.