El PSPV ha presentado por registro de entrada en las Corts Valencianes la proposición no de ley urgente, anunciada por el síndic socialista, Jorge Alarte, en la que piden "la paralización de la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, la devolución inmediata del expediente al Ayuntamiento y que se retrotraigan todas las actuaciones a la fase anterior a su exposición pública".
El portavoz socialista de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en las Corts Valencianes, Francesc Signes, ha denunciado en un comunicado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "tal como se encargó de dejar claro ayer, continúe dando cobijo a presuntos corruptos" y ha reclamado que se depuren "responsabilidades políticas" en relación con la tramitación de este planeamiento, tras los informes del 'caso Brugal' sobre el PGOU y la imputación en la causa por presuntas irregularidades de José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante.
Según Signes, "el Urbanismo de Alicante y, en concreto, su PGOU, está bajo sospecha y puede constituir el epicentro del caso de corrupción Brugal, con presuntos tratos de favor, información privilegiada y modificaciones del planeamiento urbano a la carta".
En este sentido, ha advertido de que el informe policial del 'caso Brugal' "refleja hasta ocho actuaciones supuestamente irregulares vinculadas a este plan, con nueve personas imputadas y 21 acusadas" y ha citado entre los presuntos implicados a la alcaldesa y diputada en las Corts, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi.
El diputado socialista ha señalado que "es evidente que los principales perjudicados son los ciudadanos de Alicante, que ven como el interés particular de unos pocos, se antepone al interés público" y ha recalcado que, en estos momentos, "el PGOU se encuentra en trámite en la Conselleria de Medio Ambiente, donde no se puede retrasar indefinidamente".
