El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, rechazó ayer paralizar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, que está siendo objeto de investigación judicial en el marco del caso Brugal, ya que ha defendido que ésta es una decisión que corresponde a la Justicia, con la que se ha comprometido a colaborar en todo lo que sea necesario.

Asimismo, el jefe del Consell defendió la presunción de inocencia para los implicados en este caso, entre los que se encuentran la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, ambos diputados autonómicos en la presente legislatura. "Si tuviera que hacer caso a las peticiones de dimisión que llegan de la oposición no estaría ni yo", precisó el presidente.

Por su parte, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, descartó ayer referirse a la imputación de su hermano, José Luis Castedo, y del socio de éste, Javier Gutiérrez, en la pieza del caso Brugal relativa al PGOU de Alicante y dijo que "no voy a entrar en el juego de interpretar, insinuar o creer". A su juicio, "quien tenga que hablar lo tendrá que hacer con la documentación sobre la mesa, básicamente para que no se interprete ni se insinúe". Ante las preguntas de los medios, la alcaldesa defendió que hablar de este asunto no es su "responsabilidad". "Voy a hablar para lo que se me ha elegido, que es hablar de la ciudad de Alicante, no entro a hablar en lo que no domino", dijo. "Entiendo que el sensacionalismo vende mucho más pero no es para lo que estoy yo aquí", concluyó, quien antes de irse preguntó a los periodistas: "¿eso es lo único que os interesa de la ciudad de Alicante?".