Premonitoria fue la advertencia del magistrado Jesús Gómez-Angulo al alertar hace cuatro años a sus colegas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la necesidad de indagar en las relaciones entre el en aquellas fechas alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, el empresario Enrique Ortiz y la actual regidora y en esos momentos responsable de Urbanismo, Sonia Castedo, tres de los imputados entonces en el conocido como caso de los aparcamientos y todos ellos implicados en la actualidad en la vertiente del Brugal que investiga irregularidades en la confección del PGOU de Alicante donde se trata de aclarar si hubo tráfico de información privilegiada a cambio de prebendas.

En el asunto de los aparcamientos se pretendía averiguar si el Ayuntamiento modificó las condiciones de construcción y explotación de tres estacionamientos subterráneos adjudicados a Ortiz para beneficiarle. Un proceso que el TSJ acabó archivando por falta de pruebas de ese supuesto trato de favor al mes y medio de hacerse cargo del asunto, por el aforamiento de Alperi tras ser elegido diputado autonómico, sin practicar pesquisa alguna.

Fue Gómez-Angulo quien investigó este tema en Alicante en una instrucción considerada por todas las partes como un ejemplo de profesionalidad y conocimiento de un asunto que, pese a la presión social y mediática dada la condición de los imputados, logró llevar prácticamente a su fin en apenas un año sin incidentes de consideración.

En el banquillo hubieran acabado todos los imputados en esta causa de haber continuado Gómez-Angulo con el caso a juzgar por la exposición razonada de los hechos que el magistrado elaboró para remitir el tema a Valencia. En ella no solo afirmaba que había suficientes indicios de delito como para que tema siguiera vivo sino que, en lo relativo a las relaciones entre Alperi y Ortiz, aseguraba: "es objeto de investigación también su relación (de Alperi) de amistad o confianza personal con el propietario de la mercantil Enrique Ortiz e Hijos (...) que parece exceder de lo que podía calificarse, simplemente, como una cordial relación institucional".

Tampoco escapaba en aquel asunto la actual alcaldesa, entonces al frente del Urbanismo, de las sospechas del magistrado. En la citado documento, que tenía como objeto poner en antecedentes a sus compañeros del TSJ, Gómez -Angulo dice no entender que no se uniera al expediente de los aparcamientos la propuesta de acuerdo redactada por el jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio, y dirigida al Pleno del Ayuntamiento, "en la que rechazaba todas y cada una de las modificaciones solicitadas para la adjudicataria (Ortiz)". Y agrega que "remitida dicha propuesta a la Gerencia de Urbanismo para la firma por parte de la concejala, Sonia Castedo, como responsable del órgano gestor, nunca se firmó, ni se desestimó formalmente ni quedó por ello unida al expediente".