Fabra no invitará este año a la tradicional "picaeta" del 9 d'Octubre. El jefe del Consell, que desde que llegara al cargo en julio pasado ha querido aplicar el principio de austeridad, lleva ahora la política de ajustes al 9 d'Octubre, según indicaron fuentes de la Generalitat. Se mantendrá la entrega de las distinciones en reconocimiento a la trayectoria profesional y a la contribución de entidades y personalidades de prestigio, pero no habrá gastos suntuosos.

Uno de los actos afectados será la no celebración de los eventos lúdicos que tenían lugar en la Explanada de Alicante, así como por la tarde en el cauce del río en Valencia y la Plaza de Santa Clara de Castellón. La supresión generará un ahorro total de 200.000 euros.

Otra de las víctimas será la recepción institucional de la plaza de Manises en al capital del Turia, en la que ejercen como anfitrión los presidentes del Consell y de la Diputación de Valencia, pero que va a cuenta de la Dirección de Promoción Institucional del Presidencia de la Generalitat.

Ya el año pasado el ágape del 9 d'Octubre fue de algún modo símbolo de austeridad. El entonces presidente, Francisco Camps, no fue tan lejos como Fabra, pero sí se notó un descenso en el nivel del menú. Donde en otras ocasiones había paellas, en la edición del año pasado se veían cortezas de cerdo y "entrepans de faves amb llonganisa". Quienes se opusieron abiertamente fueron los diputados de Compromís, que no acudieron para mostrar su desacuerdo con "un gasto totalmente innecesario". Este ágape, al que se acudía con invitación, era el punto de encuentro tras la Procesión Cívica de la clase política, empresarios, personalidades de la cultura y el deporte, representantes de entidades y colectivos cívicos y periodistas. Allí se formaban los corrillos y se comentaban las novedades de la vida en la corte valenciana.

En esa festividad ya hubo problemas con este acto, precisamente por la precaria situación económica del Consell. El hostelero valenciano Jesús Barrachina, que llevaba varios años sirviendo la comida, renunció a montar la recepción en 2010. La Generalitat había tardado diez meses en abonarle la factura de 2009, y en medio de la crisis el empresario no podía afrontar el adelanto del pago a todo el personal necesario para servir ese día. El coste total de este acto para las arcas públicas fueron 20.000 euros.