El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, defendió ayer la inocencia de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y aseguró estar tranquilo con sus "compañeros de trabajo". Al ser preguntado por las peticiones de la oposición para que dimita la alcaldesa de Alicante, el jefe del Consell indicó ayer que si hubiera "hecho caso a la oposición cesando gente, estaría solo".

Así se pronunció Fabra ante las preguntas de la prensa después de salir a la luz el último informe policial del caso Brugal sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

Durante una visita a la Feria Hábitat en Valencia, el jefe del Consell señaló que cuenta "con buenos compañeros de partido". Añadió que lo que ahora hay que hacer es, "desde luego, dejar trabajar a la Justicia, como siempre lo hemos hecho, y a respetar la presunción de inocencia".

Esta semana, los grupos de la oposición en las Cortes Valencianas han reclamado la dimisión de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y han instado a Fabra a suspender la tramitación del Plan General del Ordenación Urbana alicantino (PGOU), así como a que suspenda de militancia tanto a Sonia Castedo como al también diputado y exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y los envíe al grupo Mixto, tras las informaciones publicadas relativas al caso Brugal.

Por otro lado, desde el grupo parlamentario Compromís, se ha solicitado ante las Cortes una comisión de investigación "para que aclare las presuntas irregularidades en el PGOU de Alicante", así como la implicación del hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo; del exalcalde Alperi y del exedil socialista, socio del hermano de Castedo, Javier Gutiérrez, en pro de los intereses propios o de ciertos empresarios.

Asimismo, Morera ha presentado una proposición no de ley ante las Cortes para abrir una investigación al respecto y aclarar las distintas responsabilidades de políticos, técnicos y empresas. Desde el grupo parlamentario también han preguntado al Consell si piensa suspender el Plan General de Alicante al estar "respondiendo más a una serie de intereses particulares, vinculados a políticos en activo y empresarios, y no al interés público". La fecha de entrada de estas cuestiones en el registro de las Corte el pasado miércoles pone de manifiesto la rapidez con la que están reaccionando los grupos de la oposición ante el contenido del último informe sobre el caso Brugal.