La oposición en Les Corts ha pedido hoy la dimisión de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, por su supuesta relación con irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de esta ciudad, que se investigan en el caso Brugal.
Así se han pronunciado, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de Les Corts, los representantes del PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida (EU) sobre el último informe policial conocido sobre el caso Brugal.
Por su parte, el portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Rafael Blasco, ha pedido ante los periodistas "respeto a las actuaciones judiciales".
El portavoz del grupo socialista, Jorge Alarte, ha exigido al president de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, que suspenda de militancia a Castedo, a Díaz Alperi, y al exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo, todos ellos diputados en Les Corts Valencianes, y los envíe al grupo mixto.
Alarte ha advertido de que Fabra "no puede ni debe hacer de Les Corts Valencianes lo mismo que hizo de ellas" su antecesor en la Generalitat, Francisco Camps, quien las convirtió en "un refugio para corruptos", porque al margen de las responsabilidades jurídicas, hay otras políticas que son "evidentes y clamorosas".
"Si no los envía al grupo mixto será la certificación de que el señor Fabra es un mentiroso", ha concluido el socialista.
Por su parte, el síndic de Compromís, Enric Morera, ha instado al jefe del Consell a suspender "inmediatamente" la tramitación del PGOU de Alicante, porque "la mafia" que en su opinión está instalada en las instituciones alicantinas no puede "privar" a las personas de un "urbanismo a la altura de esta ciudad" para dárselo a "un grupo de especuladores".
Morera ha adelantado que su grupo presentará en el Parlamento valenciano una petición para que se constituya una comisión de investigación y al margen ha señalado que no estaría "de más" que la Agencia Tributaria iniciara una "investigación de oficio" sobre el patrimonio de Díaz Alperi.
El portavoz ha exigido una actuación "clara y radical" de Fabra, al que ha dicho que ésta es "una buena ocasión" para dejar de "desdecirse" de su voluntad de transparencia, algo que en su opinión ya hizo cuando designó al expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquin Ripoll, también imputado en el caso Brugal, como nuevo presidente del Puerto de Alicante.
Desde EU, su portavoz, Marga Sanz, ha coincidido en señalar que el PPCV tiene "la obligación inmediata" de "tomar cartas en el asunto" y pedir la dimisión a Sonia Castedo, porque "ha tirado por tierra el prestigio de las instituciones de la ciudad de Alicante" pensando "sólo en su beneficio personal".
El portavoz del PP, Rafael Blasco, ha insistido en pedir "máxima consideración y respeto a las decisiones judiciales" y ha recordado que las últimas informaciones aparecidas sobre el caso Brugal responden a un informe policial, y en su partido prefieren "esperar el pronunciamiento de la Justicia".
Blasco ha utilizado el mismo argumento de respeto a las decisiones judiciales preguntado sobre la condena del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana al exvicepresidente del Consell Víctor Campos y el exjefe del gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret por la "causa de los trajes".
"Máximo respeto a lo que ha sido una decisión judicial, donde se ha acogido las pretensiones de dos personas que estaban en ese sumario", ha afirmado ante las preguntas de los periodistas.
