El informe policial establece que el despacho de abogados Salvetti ingresó más de un millón de euros por trabajos sobre el Plan General de Alicante durante dos años. Según la investigación de la Policía, el 90% de los pagos que recibía el bufete era precisamente por sus gestiones sobre el planeamiento urbanístico de la ciudad. Entre sus clientes figuraba el empresario Enrique Ortiz, Bancaja, así como la mercantil del proyecto de Puertoamor, entre otros. El informe apunta a que además de estos ingresos, había futuras posibilidades de cobro por contratos de prestación de servicios a distintas mercantiles que podrían haber aumentado la cifra a varios millones.
En los casos registrados, los clientes contrataban los servicios del bufete para que les tramitara la presentación de alegaciones del Plan General de Ordenación Urbana para tratar de obtener un aumento de edificabilidad. Aunque alguna alegación fue desestimada por el Ayuntamiento, el informe destaca que la gran mayoría sí que se aceptaron y las que se estimaron parcialmente, recogían las propuestas que eran más favorables para los intereses del despacho de abogados.
Los contratos de prestación de servicios en caso de que las pretensiones del particular prosperaran eran otra de las vías de ingresos. Por este motivo, los investigadores no han determinado si todas las cantidades de dinero que reflejan los contratos intervenidos en el registro policial del despacho se llegaron a cobrar. De todas maneras, establecen que la empresa llegó a percibir más de un millón de euros.
La Policía encuentra "revelador" que precisamente la primera factura emitida por este despacho estuviera a nombre de Enrique Ortiz. El empresario había contratado los servicios de los abogados para que le pusieran en contacto con propietarios de suelo en la partida de Fontcalent para comprarles sus parcelas. Por estos servicios, el despacho facturó 90.480 euros al empresario, con la posibilidad de percibir otros 69.600 euros más. También para Bancaja se hicieron trabajos se asesoramiento en la misma zona, así como una alegación, trabajos por las que se cobraron un total de 250.000 euros.
