El expresidente de la Generalitat Francisco Camps y quien fue su número dos en el PPCV Ricardo Costa han coincidido en reivindicar, en sendos escritos judiciales, que sus relaciones con Alvaro Pérez "El Bigotes" y Orange Market -la matriz valenciana de la red Gürtel- se ciñeron al partido. Los regalos -que Camps sigue negando, mientras Costa rehuye el asunto- no entrarían, según sus letrados, en el tipo penal del cohecho pasivo impropio porque sus cargos orgánicos no son asimilables a la condición de "funcionario público" o "autoridad". Los dos piden el archivo de la causa de los trajes en su escrito de alegaciones dirigido al presidente del Tribunal del Jurado, Juan Climent, y para ello invocan la doctrina del Tribunal Supremo.
Camps cita la sentencia favorable a José Bono, receptor de regalos de un contratista, en la que se recogía que en el momento "en que existan relaciones diferentes a la simple condición de cargo público entre quien realiza el regalo y quien lo recibe no existe el delito". "El propio instructor [José Flors] reconoce que existe una relación profesional entre el Sr Pérez y el PPCV, del cual el Sr Camps era candidato en 2002, secretario general y presidente de forma sucesiva", añade el letrado de Camps, Javier Boix. En todo caso, se pide que sea la Sala Segunda del Tribunal Supremo la que juzgue a Camps. Boix apela al artículo 23.3 del Estatuto valenciano, que establece la competencia de la Sala Segunda del Alto Tribunal dado que los "hechos, de ser ciertos, que no lo son, se produjeron en Madrid". La defensa del expresidente, que busca posponer la causa hasta después de elecciones, insiste en que se considere como prueba "exculpatoria" la conversación grabada en prisión entre el dos de la trama, Pablo Crespo, y su abogado en la que el primero dice que jamás pagó los trajes a Camps.
El exsecretario general del PPCV Ricardo Costa solicita la nulidad del auto de 15 de julio de 2011 con el que José Flors decidió abrir juicio oral. En caso de desatender la petición, Costa pide ser juzgado por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ y no por jurado popular. Sostiene que su relación con Orange Market se derivó de su condición de secretario general del PP y, por tanto, no es asimilable a "funcionario público". Su caso no estaría, dice, entre los supuestos que han de ser juzgados por ciudadanos anónimos, según la Ley del Tribunal del Jurado.
Costa acusa a Flors de "vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva" al contravenir "lo dispuesto por el Tribunal Supremo" en la sentencia de mayo de 2010 en la que abrió la puerta al archivo de la causa contra Costa por entender que la "consideración" que hacia él tuvieron los "donantes" (El Bigotes o Crespo) fue por su condición de "cargo en el partido" y no de "diputado". Orange Market era la contratista de cabecera del PPCV.
En las alegaciones se apunta que en sus declaraciones judiciales, los directivos del grupo de Correa Pablo Crespo o Isabel Jordán rubricaron que a Costa lo trataban por ser secretario general del PP. Precisamente la citada sentencia del Supremo inspiró al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel en el TSJ de Madrid, para archivar las causas contra el extesorero y senador del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino, al sostener que sus relaciones con la trama fueron desde el partido, con lo que no se les puede tratar de funcionarios. El artículo 426 del Código Penal prohíbe las dádivas a "autoridad o funcionario" en "consideración a su función". Como parlamentarios, sí serían autoridad. Y la interpretación del Supremo es laxa al señalar que esa "función" debe entenderse, no como cargo con firma para dar contratos, sino como "poder" de influencia. Con todo, Pedreria subrayó en esos dos archivos que ni un diputado ni un senador pueden "adjudicar contratos, convocar concursos o (...) influir en ellos". Costa solicita que se incorporen estas sentencias como "pruebas" para lograr el archivo.
