Una caída del tráfico de mercancías del 40% en los últimos cuatro años, que le ha relegado al quinto puesto por la cola de la red de Puertos del Estado sólo por delante de los de Marín, Melilla, Motril y Villagarcía de Arousa; tres años consecutivos de pérdidas económicas y un descenso de los ingresos en torno al 20% anual es el escenario que se va a encontrar el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, en su nuevo despacho como presidente del Puerto de Alicante. Lastrado por la crisis del ladrillo y sin que haya encontrado nuevas alternativas para la mejora de sus números, pese al esfuerzo realizado por Miguel Campoy.

Campoy deja, no obstante, algunas cosas bien resueltas a su sucesor como, por ejemplo, la recuperación del tráfico de cruceros, la solución a la antigua terminal de contenedores y la paz social en unos muelles que representan casi el 0,5% el PIB de la provincia y de los que dependen 8.000 empleos (1.500 directos). El Puerto figura entre las diez empresas más grandes de Alicante.

Ripoll contará, además, con un equipo de buenos profesionales técnicos que, sin embargo, poco han podido hacer para amortiguar los efectos de una crisis que podría, incluso, llevar al Puerto a convertirse en un apéndice del de Valencia. La nueva Ley que entró en vigor hace dos semanas obliga a los puertos españoles a tener una rentabilidad anual del 2,5% y abre la puerta, de no cumplirse, a una reestructuración. Con los datos fríos en la mano, Valencia mueve 60 millones de toneladas al año y hace 30 que le ganó la carrera a Alicante cuando apostó por el tráfico de contenedores mientras en Alicante se debatía, incluso, si sobraban grúas y chimeneas.

José Joaquín Ripoll ya ha contactado con algunos de los que serán sus futuros colaboradores pero parece que quiere esperar a que su nombramiento se publique en el BOE y en el DOGV para tomar posesión de un puesto del que deberá rendir cuentas al Ministerio de Fomento y al Consell, aunque sea éste último el que tenga las competencias sobre su nombramiento.

Ripoll se encontrará, por otro lado, con unos muelles renovados, culminada la ampliación en la dársena de Levante donde se ubican la nueva terminal de contenedores y la estación del ferry Alicante-Argelia, pero huérfanos de tráfico.

El Puerto ha pasado de mover 3,7 millones de toneladas al año en 1996 -su mejor año- a haber cerrado 2010 con apenas 2,2 millones. Números que le llevaron a acumular porcentajes de pérdidas cercanas al 30% anual, pero que se han estabilizado este año gracias a la apertura de nuevos tráficos (recuperación de la exportación de mármol y movimiento de aerogeneradores) y consolidación del movimiento con Canarias (70% del tráfico total). Datos positivos los que ofrece el movimiento de contenedores. Hasta junio -último dato oficial- el saldo era de 75.706, un 3,49%.

Por otra parte, Ripoll tendrá la oportunidad de dar la salida a una nueva edición de la Volvo Ocean Race, icono de la orientación lúdico/turística que se ha querido dar al Puerto. Una apuesta que empezó bien pero a la que la crisis también pasa factura. Pubs y restaurantes sólo funcionan los fines de semana y la dársena construida para los restaurantes marineros se ha quedado con dos, de cierto éxito pero con dos.

La última decepción llegó el pasado junio cuando Campoy se vio obligado a dejar desierto el concurso público para ampliar el puerto deportivo y construir una dársena para megayates en la Volvo. Ni hay fondos públicos, ni riñón en la iniciativa privada.

El Puerto no es, ni mucho menos, la Diputación. Ripoll contará con un buen salario, coche oficial, gran despacho pero con poco margen de maniobra económica para desarrollar proyectos. Llega en plena época de ajustes y cuando en el Ministerio de Fomento están más pendientes en fusionar puertos que en mejorar su autonomía. Más galerna que brisa en los muelles.

DEMANDA JUDICIAL

Castedo dice que no hay problema para romper el acuerdo Policía Local-Portuaria

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, se mostró ayer abierta a dar marcha atrás y romper el convenio firmado con el expresidente del Puerto, Miguel Campoy, que da competencias a la Policía Local para actuar en la zona portuaria y reforzar, así, la gestión de los agentes portuarios. Castedo se expresaba de esta forma tras conocer que CC OO ha demandado judicialmente a Puertos del Estado y al Ayuntamiento por entender que el convenio es ilegal, ya que la ley de Puertos deja claro que las competencias son exclusivas de la Policía Portuaria. "Si existiese justificación para que ese convenio hubiese que anularlo o restituirlo, no tendríamos problema en hacerlo", declaró ayer Castedo. La primera edil explicó que el acuerdo en cuestión se firmó "para reforzar la seguridad del Puerto", pero aseveró que "si hay malestar" o cualquier otra cuestión que lo hiciese insostenible "no tendríamos problema en dejarlo sin efecto". En cuanto a si la Policía Local tendría competencias para actuar en la nueva estación de autobuses, Castedo consideró que "en principio, doy por hecho que sí". Por otro lado, la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, deseó "una buena coordinación entre Castedo y Ripoll porque es imprescindible". S. E / F. J. B.