La Fiscalía de Alicante ha pedido que se excluyan algunos de los delitos previstos para ser enjuiciados por un jurado popular ante el alto coste de estas vistas. Los supuestos cuestionados son aquellos en los que la pena en juego es una multa al acusado y no se reclama prisión. Según esta propuesta, los delitos excluidos serían la omisión del deber de socorro, el allanamiento de morada y las amenazas condicionadas. Se estima que cada proceso de jurado, tiene un coste medio de 1.000 euros diarios y la duración es de un mínimo de tres días. Así se da la paradoja de que acaba siendo mucho más caro organizar el juicio que la multa que va a tener que pagar el acusado en el caso de ser condenado. Por ello, se pide que estos delitos regresen a los juzgados de lo Penal para ser resueltos como juicios rápidos.

Desde el año 1997, la Audiencia Provincia de Alicante y la sección desplazada a Elche han celebrado un total de 199 procesos de jurado popular. De ellos, en 42 se logró un acuerdo entre el fiscal y la defensa antes del juicio. El fiscal jefe de Alicante, Juan Carlos López Coig, ha elevado una propuesta a la Fiscalía General del Estado para la reforma de la Ley del Jurado en su memoria del año 2009. "Difícilmente puede sostenerse en la actualidad, que se mantenga un sistema integrado por una magistrado de la Audiencia, más nueve jurados y dos suplentes para juzgar delitos que por la pena pueden ser considerados veniales", explica el informe.

Se trata de un procedimiento genera muchos más gastos. El primer día del juicio tienen que convocarse a un total de 36 candidatos para hacer el proceso de selección y es obligatorio que haya un mínimo de veinte personas. A pesar de que finalmente no sean seleccionados para integrar el tribunal popular, estos ciudadanos tienen derecho a percibir una retribución. Cada miembro del jurado seleccionado percibe la cantidad de 67 euros al día, mientras que los excluidos perciben la mitad de este dinero sólo por ir a la Audiencia. A este dinero hay que añadir que tienen derecho a percibir dietas por desplazamiento, gastos de alojamiento y manutención.

Fuentes de la Audiencia apuntaron a que el coste ronda los 1.000 euros al día, aunque este coste se puede disparar si el jurado se engancha en una deliberación y tiene que pasar una noche en un hotel. De todas maneras, en los juicios de jurado celebrados en la Audiencia se ha tratado de una situación excepcional y lo normal es que se haya cerrado un veredicto el mismo día.

La propuesta va sobre todo dirigida al delito de omisión del deber de socorro, como darse a la fuga en un accidente de tráfico o negarse a ayudar en una emergencia médica. El fiscal incide en que el más leve de los casos las penas que están en juego pueden ser una multa de 180 euros, por lo que considera "inconcebible" movilizar a una mínimo de 20 ciudadanos para juzgarla. En el caso de los allanamientos de morada, son pocos los asuntos que acaban llegando a juicio, porque el acusado en la mayoría de los casos decide evitarse el juicio, conformarse y pagar la multa.

Fuentes de la Fiscalía de Alicante señalaron que la propuesta ha sido recogida en alguna de las reformas que en materia de Justicia tiene en marcha el Gobierno Central. Sin embargo, es poco probable que se aprueben antes de las elecciones del 20-N y por tanto su puesta en marcha dependerán del Gobierno que salga de esos comicios.

López Coig también ha pedido reformar la Ley para aclarar cuándo debe intervenir el jurado en el caso de que haya varios delitos. El objetivo es evitar situaciones como la generada por el juicio por el asesinato de dos policías en Barcelona y que el Supremo obligó a repetir porque debería haber sido enjuiciada por un tribunal popular.