El fiscal pide 70.000 euros al Estado por la muerte de un recluso en Fontcalent a manos de otros dos

La Audiencia reforzará la seguridad en el juicio después de que uno de los acusados matara a otro reo hace un mes

 02:24  

J. A. M. La Fiscalía ha pedido más de 70.000 euros de indemnización a Instituciones Penitenciarias por el homicidio de un recluso en Fontcalent a manos de otros dos presos. Un jurado popular juzgará esta semana en la Audiencia esta muerte ocurrida en la prisión alicantina en agosto de 2009. Los dos acusados se enfrentan a una pena de catorce años de prisión por el crimen, aunque a uno de ellos se le pide un año más por enfrentarse a los funcionarios.
La Fiscalía considera que fallaron los sistemas de seguridad de la cárcel para evitar la mortal agresión, por lo que se considera a Instituciones Penitenciarias responsable civil subsidiario, es decir, correspondería a Interior pagar la indemnización que se reclama a los dos acusados en caso de ser condenados y que éstos fueran insolventes. Un hecho más que probable, ya que ambos tienen 26 y 27 años de edad y ya llevan algunos entre rejas. Este dinero sería para el hijo del fallecido.
El juicio comenzará este mismo viernes en la Audiencia con un operativo especial de seguridad, ya que se considera a uno de los acusados como un preso de riesgo. Lanzín B. E. está también acusado de haber matado a otro recluso a golpes en Cádiz el 5 de agosto, hace algo más de un mes. En ambos crímenes, el presunto homicida se ensañó con su víctima. Por este motivo, desde la Audiencia se ha pedido a la Comisaría que refuerce las unidades que irán a la vista. El acusado está en prisión desde el año 2005 por acumulación de varios delitos menores y hasta hace dos años no se había visto envuelto en incidentes de mayor gravedad, salvo algún enfrentamiento con funcionarios de prisiones.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el asesinato de Fontcalent ocurrió el pasado 9 de agosto de 2009 en el módulo cuatro del centro penitenciario, la zona destinada a albergar presos peligrosos. El ministerio público sostiene que los dos presuntos asesinos, Lanzín B. E. y Jesús Miguel R. S., habían citado allí a su víctima con el propósito de acabar con su vida. Éste había acudido a la cita porque confiaba en ellos y no sospechaba que le pudiera ocurrir nada.
Ambos le cogieron por el cuello y la emprendieron a puñetazos y finalmente le cortaban el cuello con una cuchilla de afeitar, según la acusación pública. La víctima murió por traumatismo craneoencefálico, así como por la pérdida de sangre que le causaron los cortes sufridos en centros vitales. Cuando los funcionarios trataron de actuar, Lanzín B. E. esgrimió la cuchilla y les amenazó diciendo que si se acercaban les iba a rajar.

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