CCOO demanda paralizar el acuerdo sobre la actividad policial en el puerto

El sindicato entiende que el convenio invade el ámbito competencial de la Policía Portuaria

 17:40  

EFE El sindicato CCOO ha presentado una "demanda judicial" en la que solicita la paralización del acuerdo sobre la actividad policial en el puerto de Alicante, firmado en julio pasado entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, al entender que invade el ámbito competencial de la Policía Portuaria.

Comisiones Obreras ya impugnó el pasado mes de agosto ese convenio y ahora ha anunciado haber interpuesto "una demanda judicial" para pedir su paralización, ante "el silencio" de ambas "instituciones y la nula negociación".

También ha remitido un nuevo escrito al presidente de Puertos del Estado, en el que pide que dé instrucciones a la Autoridad Portuaria de Alicante para que "de forma cautelar no ponga en funcionamiento" el acuerdo, en tanto se dicte "una sentencia firme al respecto, con el objeto de evitar la conflictividad que se produciría, así como los posibles roces" entre la Policía Local y la Portuaria.

Fuentes del sindicato han opinado que "en la actualidad, y ante la apertura de la nueva estación de autobuses de Alicante, la Policía Local no tiene competencias para sancionar dentro del recinto portuario al no ser éste terreno municipal, por lo que sus denuncias podrían ser recurridas por los ciudadanos afectados".

El convenio, suscrito entre la alcaldesa de la capital alicantina, Sonia Castedo, y el entonces presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Miguel Campoy, "establece que la Policía Local ejercitará sus funciones en materia de seguridad pública en las zonas de libre acceso del puerto", según CCOO.

"Entre esas zonas se encuentran la de ocio de Levante y Poniente, zona Volvo, barriada Heliodoro Madrona, estación de autobuses, zona de actividades logísticas y la nueva dársena pesquera", han expuesto fuentes de la central sindical.

CCOO presentó en agosto pasado un recurso de reposición ante la Gerencia del puerto y el consistorio en el que pedía a las dos instituciones que "dejen sin efecto el acuerdo de colaboración" rubricado.

Según el sindicato, "no se trata de una colaboración puntual, por ejemplo, en determinados acontecimientos o actos lúdicos que se realizan habitualmente en esa zona, sino de una cesión de competencias de la Autoridad Portuaria de manera permanente".

CCOO sostiene que esa "cesión precisaría de una aprobación previa del expediente de desafección de ese dominio público por parte del Ministerio de Fomento, por lo que la cesión de competencias que realiza la Autoridad Portuaria a favor del Ayuntamiento de Alicante resulta contraria a derecho".

Desde la organización sindical subrayan "la absoluta incompetencia territorial, funcional y sancionadora del consistorio en el dominio público portuario estatal y, consecuentemente, en las zonas de servicios de los puertos".

Igualmente, aducen "la falta de competencia de los policías locales a la hora de denunciar infracciones, pues "carecen" de la categoría de agentes de la autoridad fuera del espacio territorial perteneciente al municipio.

"De hecho, se trata de una competencia atribuida y ejercida de forma reglamentaria por los agentes de la Policía Portuaria, según se recoge en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, sin perjuicio de colaborar siempre con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", han argumentado fuentes de CCOO.

El sindicato ha advertido reiteradamente durante años a la dirección del puerto de la "necesidad de adecuar las plantillas" de la Policía Portuaria para poder atender en condiciones el crecimiento comercial desarrollado en esas instalaciones portuarias.

En este sentido, la central sindical denuncia "la falta de previsión de la Autoridad Portuaria a la hora de planificar la necesidad de aumentar los puestos de trabajo" en ese colectivo.

Las mismas fuentes han aclarado que "no pretenden generar ningún tipo de conflicto entre cuerpos policiales", pero han manifestado que "no pueden permanecer impasibles con la firma de un acuerdo" que, a su juicio, "no respeta la legalidad vigente en materia competencial".

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