A base de créditos y adelantando el dinero que no ha recibido del Consell. Así es como el Colegio de Abogados de Alicante (ICALI) está sosteniendo la justicia gratuita durante el último año y medio, tiempo en el que ha tenido que pedir préstamos a entidades bancarias por más de dos millones de euros para poder hacer frente a los servicios prestados por los abogados de oficio, según datos aportados por el colegio.
Los problemas de liquidez de la Conselleria de Justicia, unidos al aumento de la demanda de abogados de oficio desde que se desató la crisis han llevado a seis Colegios de Abogados de la Comunidad Valenciana a recurrir a los créditos bancarios para poder abonar las cifras millonarias generadas por la atención que se presta en el turno de oficio. Un convenio previo con la Conselleria de Justicia estableció hace un año y medio que los colegios podrían solicitar préstamos para adelantar el dinero al Consell y poder pagar así a los letrados, dinero que luego devolvería el Consell a trimestre vencido, con los intereses incluidos. Sin embargo, el pago sigue llegando tarde y mal.
La Conselleria de Justicia adeuda a los ocho colegios de la Comundiad Valenciana el 60% de la facturación del primer trimestre de 2011, que ascendió a un total de 6.250.000 euros. El Colegio de Abogados de Alicante facturó 1.750.000 euros, y recibió el 40% de este dinero el pasado 14 de julio. El ICALI asumió el 60% restante, es decir, unos 900.000 euros, todo ello a base de créditos, según datos facilitados por el propio colegio.
Durante el segundo trimestre de 2011 el montante de lo que facturó la justicia gratuita en toda la Comunidad Valenciana fue de 6.300.000 euros, de los cuales 1.575.000 euros pertenecieron al Colegio de Abogados de Alicante. La Conselleria se comprometió, amén de pagar lo adeudado por el primer trimestre, a hacer frente a este pago el próximo 30 de septiembre, algo que a todas luces no se producirá teniendo en cuenta cómo se están abonando las cuentas. Durante el año pasado, la entidad pidió en créditos alrededor de 1.800.000 euros después de alcanzar un acuerdo con la Conselleria para poder cobrar la facturación, con los intereses incluidos. Al menos, según fuentes consultadas del turno de oficio, no se están produciendo recortes en la justicia gratuita en el ámbito del ICALI -que abarca los juzgados de Alicante capital, Denia, Benidorm, Novelda, Elda, Ibi, Villena y San Vicente del Raspeig con una población adscrita de 1.040.000 habitantes-, algo que sí se han visto obligados a hacer otros colegios de abogados como el de Madrid.
El ICALI lleva anticipando el dinero del turno de oficio desde el primer trimestre de 2010. A día de hoy, la entidad lleva adelantados más de dos millones de euros.
Este colegio concentra el 25% de todas las asistencias prestadas en la Comunidad por los letrados de oficio, un porcentaje superior al de otros colegios, como el de Valencia, en función de la población adscrita. Este dato en Alicante se explica, según la coordinadora del turno de oficio, Lidia García Olcina, porque se trata de una zona donde la crisis ha hecho mella con fuerza. De hecho, en los últimos tres años, las asistencias de la justicia gratuita en el Colegio de Abogados de Alicante han crecido un 60%, según la relación de datos del último trienio.
La inversión en Justicia cayó un 10% en 2010
La inversión de las administraciones públicas en justicia gratuita bajó un 10% en la Comunidad Valenciana en 2010, porcentaje superior a la media española, según datos del V Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y la editorial LA LEY. Durante 2010 el sistema de asistencia jurídica gratuita prestó servicio a casi 1.700.000 personas en toda España, lo que supone un coste de 154 euros por ciudadano atendido, incluyendo la asistencia día y noche, fines de semana, sin horarios y con desplazamientos. Andalucía fue la comunidad con mayor población asistida (más de 380.000 personas), seguida de Cataluña (más de 280.000 personas), Madrid (más de 277.000 personas) y Comunidad Valenciana (más de 176.000 personas). El número de asuntos tramitados por la justicia gratuita ascendió a casi 1.600.000, siendo el coste medio por tramitación de 160 euros. Por servicio, más de 871.000 asuntos corresponden al turno de oficio, mientras que más de 666.000 pertenecieron a la asistencia letrada al detenido. El servicio de Violencia de Género dio lugar a más de 61.000 asuntos.
Por otro lado, en 2010 se recibieron más de 835.000 solicitudes de asistencia jurídica gratuita, que supusieron que los colegios remitieran más de 783.000 expedientes a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y realizaran más de 827.000 designaciones. El 81% de los expedientes remitidos a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita fueron ratificados por ésta. REDACCIÓN
